jueves, 30 de abril de 2009

“Mala gente que camina y va apestando la tierra”, que decía don Antonio

La derecha asilvestrada y mesetaria de la Comunidad de Madrid, esa plaga bíblica que desde hace años venimos padeciendo en nuestra región, acosada por múltiples denuncias, imputaciones, y procedimientos judiciales, ha optado por defenderse, a falta de argumentos, encendiendo el ventilador de la porquería.

De ahí las denuncias presentadas por los respectivos grupos del Partido Popular en los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y de San Fernando de Henares, municipios gobernados por alcaldes de IU. El recorrido judicial de ambos procedimientos ha sido muy corto, ya que hace apenas unos días ambas denuncias han sido desestimadas y archivadas, por ser sencillamente inconsistentes. Las resoluciones judiciales son tan contundentes que Izquierda Unida se va a querellar próximamente contra los “populares” por denuncias falsas.

La estrategia del ventilador, o sea las denuncias falsas a sabiendas con el fin de contrarrestar (apoyándose en su Brunete mediática particular) la oleada de escándalos que acosa a la formación de centro progresista, ha sido diseñada por el entorno de nuestra particular Bruja Avería (Viva el Mal, Viva el Capital) con unos objetivos claramente definidos:

- Calumnia, que algo queda
- Defenderse atacando, con razón o sin ella.
- La denuncia contra José Masa, alcalde de Rivas, es una amenaza explícita contra todos los que intenten impedir, o incluso simplemente criticar, el desmantelamiento de la sanidad pública a beneficio de socios, amigos y residentes en Madrid.

La desfachatez y la desvergüenza es completa: la acusación falsa contra el ayuntamiento de Rivas por haber financiado con supuestos fondos públicos el flete de un autobús para asistir a una manifestación contra la privatización de la sanidad, alcanza la escandalosa suma de 240, 75€. Seguro que las cremalleras de las braguetas de los trajes, tan amable y desinteresadamente donados a Camps, valen mucho más.

Y cuidado que este episodio no va a ser el último: les anima la impúdica impunidad con que, por ejemplo, el exconsejero de sanidad Lamela acusó al doctor Montes, coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, del asesinato de más de un centenar de personas.

Este episodio, que de no ser por su intrínseca mala fe hubiera hecho las delicias de Max Estrella y don Latino, ha servido sin embargo para dejar patente las insalvables diferencias en cuanto a ética política y catadura moral entre la cohorte de esbirros de nuestra lideresa por antonomasia, y gente como la ex alcaldesa de San Fernando y exdiputada Montse Muñoz, quien ha renunciado a ser incluida en la lista de IU al Parlamento Europeo por hallarse imputada en el momento de elaborarse esta.

Pero no tenemos porqué preocuparnos: el próximo domingo se confesarán, comulgarán y seguirán indefinidamente (mientras se los sigamos permitiendo), rogando a dios y dando con el mazo.

Esta es la respuesta de Julio Setién, Alcalde de Izquierda Unida de San Fernando de Henares, al Portavoz del Partido Popular el pasado mes de marzo, cuando se tuvo conocimiento de la demanda interpuesta hacia él, la anterior alcaldesa del municipio y dos concejales más, por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias:

“Mis trajes me los pago yo. No me los paga una red mafiosa. No hay una red mafiosa detrás que se dedica a sobornarme con los trajes y otras cosas que no se conocen y se acabarán conociendo.

Yo no tengo ningún palacio en construcción en ningún sitio. Ni yo, ni a nombre de mi mujer, ni de mis compañeros ni sus compañeras. A nosotros no nos pagan nuestros coches las empresas constructoras. Nosotros organizamos los eventos, los cócteles, canapés y jornadas del ayuntamiento con pequeñas empresas que están trabajando en este pueblo. No con empresas tapaderas de amiguetes que sobornan a los funcionarios y a los cargos públicos por donde van.

Yo no voy de compras a Miami. No conozco Miami pero no iría de compras: no me lo puedo permitir. Y hay quien se lo permite con sueldos que son bastante más altos que los que ganamos aquí, pero sueldos que de ninguna manera se corresponden con el tren de vida que han llevado algunos sinverguenzas que siguen hoy pululando por nuestra región.

No vamos de cacería con los constructores. Yo no conozco que ninguno de mis compañeros ni yo mismo hayamos ido de cacería con los constructores. No somos amigos de esta gente.

Y quiero decir que este equipo de gobierno y el anterior, no nos espiamos los unos a los otros. Nuestra policía se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es guardar la seguridad y la convivencia de nuestro pueblo. Que este equipo de gobierno está formado por hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, absolutamente honestos, que cuando salgan de aquí, harán lo mismo que han hecho todos los que han pasado por aquí. Todos ellos y todas ellas vuelven a sus puestos de trabajo.

Podemos meter la pata. Seguro. Nadie somos perfectos. Pero nunca hemos metido ni meteremos la mano, como otros.

Y yo no he trabajado jamás, ni ninguno de los que nos sentamos aquí, y hemos dirigido la campaña electoral de un delincuente (se refiere a Mario conde) que robó y que estafó al pueblo español y que por eso fue detenido, juzgado y preso en la cárcel durante 14 años. Yo no he sido director de campaña de ese sinverguenza. Y no tiene legitimidad democrática ni moral ninguna quien habiendo hecho esos trabajos sucios se propone como adalid de la limpieza y de la transparencia. Porque ese delincuente lo que montó fue una operación pantalla para salir inmune, para salir vivo de una situación a la que por fin se hizo justicia. Y hubo quien le hizo el trabajo. Quien le montó la campaña. Quien fue en
sus listas electorales y que trabajó activamente en la campaña de ese delincuente”

Auto de la Jueza del Juzgado de instrucción nª 6 de Coslada, archivando la demanda porque, como era de prever

“Incoadas diligencias previas, practicadas diligencias de prueba documental e interrogatorio de imputados, y no resultando necesaria la práctica de ninguna diligencia de prueba más, al deducirse de la propia denuncia, de las declaraciones efectuadas y de la documentación aportada, la inexistencia de la infracción penal denunciada, procede en base al artículo 779-1, decretar al mismo tiempo el archivo de las presentes diligencias, al no arrojar ni el escrito inicial ni los datos obtenidos con el resultado probatorio que consta en las actuaciones, ningún indicio suficiente de criminalidad como para proseguir las actuaciones penales”