"¿Para quién trabaja el Banco de España?", por Juan Torres López

¿Para quién trabaja el Banco de España?

Juan Torres López


04 nov 2013

El nombramiento como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), que es algo así como la gran patronal bancaria, de José María Roldán, hasta el pasado 14 de septiembre Director General de Regulación del Banco de España, muestra una vez más para quién trabaja éste último.

No es la primera vez que un alto cargo del Banco de España pasa sin solución de continuidad a prestar sus servicios en la banca privada. El todavía presidente de la AEB fue subgobernador y el afamado gobernador Luis Angel Rojo pasó enseguida a formar parte del Consejo de Administración del Banco de Santander, por citar solo los casos más relevantes.

Son trasvases que en teoría no sería lógico que se produjeran pues se supone que las autoridades del Banco de España son las encargadas de poner en su sitio a los bancos privados, de controlarlos y limitar su poder y, por tanto, quienes en principio deberían estar en la otra orilla de los intereses de la banca privada, es decir, más bien enfrentada a ella.

Pero no es así. El reciente nombramiento es una prueba más de que los bancos centrales actuales son una pieza más de las que utiliza el poder bancario para defender sus intereses e imponer sus preferencias sobre el resto de la sociedad.

El recién nombrado presidente de la Asociación Española de la Banca fue uno de los más estrechos colaboradores del ex gobernador Jaime Caruana, la mano derecha en el Banco de España, un cómplice directo y material de los grandes bancos y empresas que provocaron la crisis en España. Durante su mandato, el Banco de España permitió que nuestras entidades financieras multiplicaran irresponsablemente el crédito asumiendo riesgos muy por encima de lo deseable y que disimularan sus efectos en balances distorsionando el mercado que tanto defiende en sus escritos, dejó crecer la burbuja inmobiliaria permitiendo que las tasadoras de los bancos subieran artificialmente el precio de las viviendas para así aumentar el volúmen del crédito, y no hizo nada para evitar que las entidades financieras engañaran a docenas de miles de clientes con contratos leoninos y tramposos que han costado miles de millones de euros a las familias y las pequeñas y medianas empresas españolas. Y bajo el mandato de Caruana y su colaborador ahora nombrado presidente de la AEB se permitió igualmente que la gestión bancaria en España fuese de las más caras de Europa, la más opaca, la más asimétrica y la más onerosa para los clientes. Un buen curriculum para pasar ahora a ser presidente de la patronal bancaria.

Tanto fue así, que hasta los propios inspectores del Banco de España escribieron una carta en mayo de 2006 al entonces Ministro de Economía y Hacienda en la que denunciaban la “complaciente lectura sobre la situación económica española que hace en sus última declaraciones el actual Gobernador, el señor don Jaime Caruana” (como digo, el protector del nuevo presidente de la AEB), su “falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual”, así como la “pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España —con su Gobernador a la cabeza— ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana” (la carta entera puede leerse aquí).

No se podía decir de una forma más clara y rotunda que éste último y su equipo de colaboradores en la dirección del Banco de España trabajaron simplemente para permitir que el negocio de la banca privada (dar crédito) creciera sin parar de la manera que fuese, haciendo la vista gorda ante los problemas que ello iba generando.

En cualquier país democrático solo esas denuncias hubieran bastado para que se abriese una investigación y se depurasen responsabilidades que con seguridad habrían llevado a la cárcel a quienes con esas conductas permitieron y coadyuvaron a que la economía española se hundiera solo para que bancos y grandes promotores hicieran el negocio del siglo. En España, y eso lo dice todo sobre el alcance real de nuestra democracia, el entonces gobernador fue promocionado al Fondo Monetario Internacional y uno de sus más directos colaboradores, después de ejercer nada más y nada menos que de responsable de regulación del banco central, es aupado ahora a la presidencia de la patronal de la banca privada.

Es lógico que la ésta última trate de tener a su servicio al Banco de España, como tiene también a los medios de comunicación y a una gran parte de la clase política a base de financiación privilegiada, pero lo que no se puede admitir es que eso se dé por bueno sin ningún tipo de resistencia.

El actual régimen de los bancos centrales es uno de los grandes factores de riesgo y perturbación que más afecta a las economías. Nunca han tenido más poder y autonomía y nunca ha habido más crisis financieras ni mayor inestabilidad bancaria. Y si eso es así no es solo porque en su seno se actúe con una ceguera ideológica sin par que les impide ver la realidad, como demuestran sus constantes fallos de previsión y que el tiempo siempre termine por confirmar que las medidas que proponen son erradas. El problema, además de eso, y como demuestran documentos como el mencionado de los inspectores, es la connivencia entre sus directivos y los intereses de la banca privada, una auténtica asociación de malhechores que debería ser perseguida urgentemente y castigada de una manera ejemplar si de verdad queremos salir de donde estamos y que no se vuelvan a dar problemas como los que vivimos.

http://blogs.publico.es/juantorres/2013/11/04/para-quien-trabaja-el-banco-de-espana/

"¿Salvar a la Transición para seguir en política?", por Juan Carlos Monedero. 8 octubre, 2013

¿Salvar a la Transición para seguir en política?

Publicado el 8 octubre, 2013 por Juan Carlos Monedero

Hay algunos movimientos políticos que se me escapan. O quizás no. Quizás me gustaría que se me escaparan.

Tengo la sensación de que hay una generación de gente de la política o de su entorno que ha llegado a la conclusión de que si las nuevas generaciones impugnan la Transición, también van a impugnar a los actores que la protagonizaron. Razón no les falta. La última etapa de ZP y el posterior gobierno de Rajoy, unido a la crisis de El país y también a la crisis del país, corrió hacia a la izquierda a los constructores de la versión oficial de la Transición y también a parte de sus principales voceros públicos. Corremos pues el riesgo de que los que nos hicieron comulgar con las ruedas de molino de aquel proceso, quieran venir ahora a rescatarnos precisamente de esa mentira. De una manera improductiva. Ellos saben que nosotros sabemos que su hora ya ha pasado. No necesitamos una segunda Transición. Necesitamos una primera ruptura.

Los que tienen biografías ligadas a la Transición se mueven en zigzag logrando ciertamente desconcertarnos.  Han firmado demasiados manifiestos contradictorios entre sí, pero siguen queriendo ser los abajofirmantes y arribapresentes que marquen la pauta de la protesta en el reino de España.  Es necesario sumar y es mejor que estén en el bando de la decendencia que en el de la indecencia. Hacen mucha falta. Pero ¿tienen que seguir siendo las cabezas visibles? ¿Tienen que estar siempre en el puente de mando? ¿Nunca va a llegar un recambio generacional a este país? ¿Tienen que venir los mismos, con las maneras de salvadores de siempre, a organizar un cambio desde las cúpulas?

Algunos requiebros sorprenden más que otros.  En el fondo, los que fueron felices en el pasado quieren regresar a los lugares donde vivieron encantados de conocerse. Sin hacer muchas preguntas. Falta generosidad. Ahí se agarra la derecha, como acaba de hacer Gallardón, para justificar esa insultante ley de amnistía que fue una ley de punto final para los asesinos.

Por más que me esfuerzo, no entiendo qué hace el Juez Baltasar Garzón afirmando: “En la historia de la humanidad son pocos los verdaderos protagonistas de la misma. Son aquellos que la construyen día a día, con sus aportes, sus ideas y la coherencia del pensamiento con la práctica de sus postulados. A nivel local, en la España democrática, también son muy pocos los que se incluirían en ese club selecto. Personas tan dispares ideológicamente como Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo, entre otros, se dieron cita en ese grupo”.

¿Qué quedó de Mister X? ¿No cerraba la ecuación la posterior  afirmación de Felipe González fardando de que pudo volar la cúpula de ETA, así, sin juicio de por medio ni zarandajas de leguleyos? ¿Y no fue Fraga quien firmó sentencias de muerte y se jactó siempre de honrar y celebrar el franquismo? ¿Cabe preguntar, como hizo Garzón con nuestro apoyo, por los 114.00 asesinados y enterrados en cunetas, zanjas y fosas comunes y, al tiempo, colocar en la “España democrática” a la persona que rapó a las mujeres de los mineros, justificó el asesinato de Julián Grimau, dijo que la calle era suya mientras morían trabajadores en Vitoria o falsificó los diarios del estudiante Enrique Ruano para presentar su asesinato por la policía como un suicidio? No entiendo nada. O lo entiendo todo. Quizá ellos saben que nosotros sabemos que la solución ya no viene de héroes mediáticos. Y que hay que revisitar la página mal leída de la Transición. Sólo el pueblo salva al pueblo.

Por eso la necesidad de una transición contada a nuestros padres. No porque pensemos que nadie traicionó a nadie (como escribía Luis García Montero, no queriendo entender las razones profundas de las miradas críticas con el fraude de la Transición y, sobre todo, con su relato). No es una buena táctica simplificar nuestro discurso. Aunque tampoco es tan complicado: no hay reinvención de la democracia sin revisitar la Transición. Con el relato oficial -donde se encuentran Gallardón y los que desde la izquierda no terminan de sacar las conclusiones correctas- y con los actores de siempre en los papeles estelares no vamos a salir del agujero. Sobre esto versa tambien esta entrevista en Radio 3 sobre “La Transición sin mitos” que motiva estas letras (¿tenemos que seguir aguantado que personas como Juan Linz, que minimizó las 2000 fosas con cadáveres de demócratas sobre las que se asentó el franquismo, eran poca cosa? ¿Esos son nuestros premios Príncipe de Asturias?).

Tenemos que volver a recordar a los que quieran ponerse la capa de Batman que aunque España se parezca cada vez más a Ciudad Gótica, aquí somos más de 13 Rue del Percebe. Esa casa de vecinos donde todos hacen falta incluso con sus defectos. Donde la gente decente se encuentra todos los días con la gente decente. Y con la indecente. Y por eso sabemos quién es el ratero, quién el que nos engaña con la báscula, y también quién está triste y quién no nos deja ser felices. Quién vive en el primero y quién en el quinto. Y sabe que no hacen falta los de siempre a no ser que el trato sea volver a hacer otra vez lo mismo.

http://www.comiendotierra.es/2013/10/08/salvar-a-la-transicion-para-seguir-en-politica/

"La conspiración de la AVT contra la democracia", por Iñigo Sáenz de Ugarte

Iñigo Sáenz de Ugarte 


El diario.es, 25/10/2013


No ocurre muchas veces que un Gobierno abdique de su labor de defensor de la legalidad y el Estado de derecho. Tampoco es frecuente que un Gobierno tome una decisión y luego haga todo lo posible para deslegitimarla ante la opinión pública. Lo que es menos extraño es que un Gobierno reaccione atemorizado y sea incapaz de defender los principios que, a veces en un alarde de optimismo, se le suponen.

Sin apelar a trucos sucios o dilaciones injustificadas, los ministerios de Interior y Justicia dejaron claro desde el principio que no podían ni querían impedir la aplicación por los tribunales españoles de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. No hubo ninguna apelación a "ingenierías jurídicas" en ese momento, así que al menos en eso debemos elogiar al Gobierno por no haber hecho una incursión en un universo legal paralelo, es decir, inexistente.

A partir de entonces, todo cambió. Se dijo que el Gobierno lo tenía todo preparado para encajar el previsible malestar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Ministros y dirigentes del PP se iban a multiplicar con el fin de que ese rechazo a la sentencia no terminara impactándoles de lleno. Parece que no han tenido mucho éxito porque al final el PP, forzado por las circunstancias, terminará participando con una notable presencia de dirigentes en una concentración –la de la AVT el domingo– que exigirá al Gobierno que ignore la legalidad.

Dejémoslo en un caso de desdoblamiento de personalidad. La duda consiste en saber cuál es la auténtica y cuál es la falsa.

Acusar a un Gobierno de cinismo es un poco como poner multas por exceso de velocidad en un Gran Premio de Fórmula 1. No es lo más grave que se puede decir de un partido político. Es mucho más hiriente cuando el partido en el poder suscribe una visión conspiranoica de la historia reciente de España, que niega la realidad y que no hace ascos a pasar por encima de la ley para mantener esa ficción. Esa trama falsa es responsabilidad de un grupo de presión, la AVT, que cuenta con poderosos aliados en el Partido Popular (el sector que idolatra a Aznar, incluido su líder, que se idolatra a sí mismo) y en los medios de comunicación.

El lobby en cuestión afirma que hubo una trama secreta de pactos entre ETA y el Gobierno de Zapatero (que coincidió curiosamente con la detención de casi todos los comandos activos de la organización terrorista). Sostiene que ETA no ha sido derrotada, a pesar de que, acorralada y sin más opciones lleva dos años sin dedicarse a lo que fue su única actividad durante décadas –matar, secuestrar y extorsionar– y de que no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Afirma que cumplir lo que dice la ley (y las decisiones del TEDH están incorporadas al derecho interno desde que España firmó la Convención Europea de Derechos Humanos) supone entregar una victoria a los terroristas.

Ahora se plantea en público qué puede pasar con las víctimas de los atentados protagonizados por Inés del Río, cómo podrán asumir el dolor al ver a la etarra abandonar la prisión. El Ministerio de Interior afirma que enviará equipos de asistentes sociales para atender a esas personas y a las víctimas de otros terroristas que también puedan ser excarcelados. Es una decisión correcta, pero habría sido más efectivo que alguien con autoridad política y moral hubiera parado los pies antes a los que han llenado durante años la cabeza a esas personas de odio, resentimiento e información falsa.

Nadie les ha dicho que el cálculo de número de años cumplidos por víctima era un despropósito que sólo serviría para causarles más dolor. 26 años por 24 asesinatos hacen una media de 1,08 años por víctima en el caso de Inés del Río. Pero si la etarra hubiera continuado encarcelada hasta 2017, en aplicación de la doctrina Parot, ese cálculo daría una media de 1,25. ¿Acaso esta diferencia ínfima hace que la segunda cifra sea más justa o aceptable que la primera? ¿Se mide la vida de un ser humano por una diferencia de 0,17 años?

La crítica al PSOE y al PP, más en el primer caso que en el segundo, por no haber promovido ninguna reforma legislativa del sistema de cumplimiento de penas hasta 1995 sí es legítima. Se prefirió optar por una costumbre que ha continuado después: el remiendo permanente del Código Penal hasta convertirlo en una especie de Frankenstein jurídico, siempre (todo hay que decirlo) para hacerlo más represivo.

Esa crítica esconde sentimientos mucho peores. La venganza no puede venderse como sustitutivo de la justicia. Los presos, con independencia de su delito, también tienen derechos, como puede comprobarse con cualquier lectura, incluso apresurada, de la Constitución y el Código Penal. Las leyes no se pueden reinterpretar para prolongar la estancia en prisión de un asesino con la intención de complacer a la opinión pública. La alarma social no es un factor que permita saltarse el hecho incuestionable de la irretroactividad de leyes e interpretaciones judiciales. Eso lo sabían jueces y juristas progresistas o conservadores, pero se impusieron razones políticas para un cambio que pocos tuvieron el coraje de plantear en voz alta y persistente.

Toda esta deriva autoritaria en la AVT se inició en la época del Gobierno de Zapatero. No digo que antes fuera inexistente, pero se intensificó desde entonces en paralelo a las teorías de la conspiración sobre el atentado del 11M. Un personaje mediocre y aun así jaleado por la prensa conservadora y el PP, Francisco José Alcaraz, llamó a Zapatero "embajador de ETA". La Justicia no consideró injuriosa esa imputación carente de pruebas, lo que no es tan escandaloso como pudiera parecer. No es malo que los tribunales pongan un listón extremadamente alto a las críticas a los políticos. Pero lo que no merece reproche penal, sí puede ser merecedor de reproche político o moral.

Los dirigentes del PP no lo hicieron. Antes al contrario, alentaron esa locura absurda. La aprovecharon en su beneficio. Rajoy acusó a Zapatero de "traicionar a los muertos" en el Congreso. El monstruo que crearon se vuelve ahora contra ellos. Hay algo de justicia poética, pero es estúpido alegrarse por ello.

Algunos periodistas conservadores están ahora preocupados por el desgaste que la manifestación supondrá para el Gobierno de Rajoy hasta el punto de que denuncian al sector montaraz de desear que ETA siga viva. Pero no es sólo un duelo interno dentro de la derecha. Si fuera así, sería extraño por ejemplo que Rubalcaba no haya tenido valor suficiente como para opinar sobre la sentencia del TEDH (precisamente él que fue ministro de Interior).

El daño que produce esta conspiración es colectivo. Se ha extendido entre la gente la idea de que pasar 20 o 25 años en prisión es un símbolo de impunidad. Que los etarras, contra toda evidencia, han salido triunfantes. Que es legítimo alterar las normas jurídicas a posteriori para satisfacer un deseo de venganza. Que el Gobierno puede meter o sacar a gente de la cárcel cuando eso es función de los tribunales. Que el Estado debería negarse a aplicar la sentencia y por tanto olvidarse de la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿En qué momento esta democracia comenzó a aceptar la idea demencial de que los derechos humanos, tal y como son concebidos por Europa desde 1950, son contrarios a la justicia?

http://www.eldiario.es/zonacritica/conspiracion-AVT-democracia_6_189391071.html

Viñetas

"Los préstamos de Su Majestad", por Hugo Martínez Abarca

Los préstamos de Su Majestad

por Hugo Martínez Abarca, 3 de septiembre de 2013


No me parece nada mal que un padre done un dinero a su hija para que pueda comprarse una casa o lo que sea. De hecho, lo raro es la versión zarzuelera según la cual los 1.2 millones de euros que Juan Carlos entregó a Cristina de Borbón fue un préstamo del que la hija habría declarado haber devuelto una ínfima parte. Lo normal es pensar que lo llamaron préstamo y no donación porque entonces todavía las donaciones y herencias no eran básicamente gratis: parece que Urdangarín declaró el dinero como donación y Cristina de Borbón como préstamo, lo que hace intuir que en este punto el honrado de los dos fue Urdangarín. O posiblemente no, porque ya sabemos que la familia Borbón responde más al patrón de familia tradicional (esa en la que el nexo de unión son los negocios y todo afecto es secundario o incluso un incordio) que a la familia contemporánea: en ese nivel no me meto con los borbones, por mí como si Juan Carlos inicia un procedimiento de desahucio contra su hija por no haber devuelto el préstamo.

Casi todos los padres que pueden echan una mano a sus hijos para salir adelante. No importa incluso que el hijo te haya salido tonto, ladrón o mala persona. Un hijo es un hijo.

Lo llamativo es la disponibilidad de dinero de Su Majestad. Acostumbrados como estamos a que nos expliquen que tenemos una familia real austerísima con una asignación tan escasa que convertiría en un derroche económico inasumible la elección democrática de la jefatura del Estado pensábamos que el rey andaría pelado. Siempre que Forbes sitúa a Juan Carlos de Borbón como una de las grandes fortunas mundiales la Casa Real anuncia una denuncia contra Forbes similar a esas que anuncian el dúo cómico CospeFloriano, que nunca acaban de existir. Así que resulta sorprendente que Juan Carlos disponga de una cantidad superior al total que afirma recibir como asignación en cuatro años sin gastar un euro (cinco si actualizamos el IPC desde 2004).

El problema no es la generosidad del rey con su hija (suponemos que también con su otra hija, dado que además ha tenido que cambiar de casa dada su inestabilidad familiar), algo propio de quien puede ser generoso, sino que se convirtiese una donación en falso préstamo para eludir al fisco (del que salen sus ingresos lícitos). Y lo que deberíamos saber de una vez es a cuánto asciende la fortuna de Juan Carlos de Borbón y muy especialmente cuál es su origen.

Lo único que sabemos es que según Zarzuela la fortuna que tenga el Rey la ha amasado él solito, no es heredada, puesto que la herencia que dejó su padre en cuentas en Suiza sirvió, cuentan ellos, para pagar el impuesto de sucesiones (¿no podrían haber declarado que era un préstamo del difunto a sus hijos? ¡Aprendices!).

No tenemos ninguna relación del patrimonio del rey. Tampoco del patrimonio nacional que ponemos a disposición del rey (coches, barcos, edificios, obras de arte…). El primero sería especialmente relevante por su origen: si no es explicable mediante la asignación pública tendrá que serlo mediante pagos privados inexplicable. Quizás por eso sólo lo intuimos cuando Forbes publica su estimación o cuando Hacienda destapa una puntita de uno de los icebergs.

http://www.martinezabarca.net/2013/09/03/los-prestamos-de-su-majestad/?fb_source=pubv1

"Miembros del COI, apiádense de nosotros", por Isaac Rosa

Miembros del COI, apiádense de nosotros

Isaac Rosa , 02/09/2013

Estaba yo muy tranquilo pensando que Madrid no tenía ninguna opción de ser elegida sede de los Juegos de 2020, y ahora que se acerca la fecha me estoy poniendo nervioso: ¿y si al final el COI elige a Madrid?

Pensaba que no había nada que temer, porque por muy excéntrico que sea un órgano como el COI (que lo es, y mucho), nadie con dos dedos de frente confiaría la organización de unos Juegos a una ciudad y un país que atraviesan sus momentos más bajos, ahogados en una deuda impagable (la de Madrid y la de España), intervenidos por Europa, con una perspectiva de largos años en el agujero, y sumada a una profunda crisis política e institucional.

En esas condiciones, nadie en su sano juicio pensaría que el país puede montar unos Juegos de aquí a siete años. Pero los últimos acontecimientos han convertido la votación del sábado en una elección no de la mejor ciudad, sino de la menos mala, la que menos incertidumbre genere de las tres. Y si Madrid es pura incertidumbre económica y política, ahí está Tokio con su escape radiactivo, y Estambul situada en una de las zonas más calientes del planeta, fronteriza con Siria, Irak, Irán, Líbano y a tiro de piedra de la primavera árabe. De modo que ya no es tan descabellado que Madrid acabe elegida.

Así que llegados a este punto, ya no podemos apelar al raciocinio de los miembros del COI, sino a su compasión: por favor, no nos castiguen, no elijan a Madrid, llévense esos Juegos lejos de aquí, a Turquía, a Japón.

Porque incluso aunque nuestros gobernantes consiguiesen sacar adelante unos Juegos medio presentables, para los madrileños y los españoles en general el coste sería altísimo, y los daños colaterales enormes.

Para empezar, la designación daría un balón de oxígeno tamaño globo aerostático al gobierno de Rajoy, al PP y a la comunidad y el ayuntamiento madrileños, cuando más rechazo ciudadano reciben por sus políticas antisociales y sus escándalos. Permitiría sacar pecho y alimentar el actual relato de “ya estamos saliendo de la crisis”. No solo a ellos: también la monarquía recuperaría crédito cuando menos tenía, en la figura del príncipe Felipe, al que estos días presentan como “el arma secreta” de la candidatura, y que se llevaría todo el mérito de la elección, lo que quizás le ahorraría algunos silbidos en próximos actos y engrasaría la sucesión en el trono.

La elección de Madrid, con lo que supondría en grandes obras y presupuestos, permitiría a las grandes constructoras y a la banca que las financia poner otra vez en pie su fracasado modelo productivo. Y aunque solo les llegase para dar unas pocas pedaladas antes de volver a caer, retrasaría más un cambio de modelo que hoy es urgente.

Serviría también para que la derecha política, en su feudo madrileño, recuperase apoyos, porque el camelo olímpico tiene tirón popular. Para quienes vivimos en Madrid, nos condenaría a más años de alcaldesa Botella, pues ha vinculado su continuidad en el cargo a la elección de Madrid.

Más daños: en un momento en que se está construyendo una alternativa política y social, cuando el derrumbe bipartidista hace posible un cambio a medio plazo, la designación madrileña dejaría un regalo envenenado a quienes gobiernen tras las próximas municipales, autonómicas y generales, condicionando su margen de actuación.

El negocio olímpico serviría además para alimentar otra ronda de sobres, comisiones, sobrecostes y otras formas corruptas tan extendidas por aquí.

Y sobre todo, y es lo principal: por muy “austeros” que digan que serán los Juegos (y los precedentes hacen increíble esa promesa), habrá que gastar varios miles de millones de euros en los próximos años. Y en un país que no tiene para garantizar los derechos sociales mínimos, que expulsa a miles a la emigración, que recorta en lo más vital y todavía pretende salvar varios miles de millones para cumplir con el objetivo de déficit y con las exigencias de la Troika, ¿de dónde saldrá todo ese dinero que todavía hará falta para montar unos Juegos? ¿A cambio de más recortes, más miseria, más desigualdad? ¿O a cambio de más deuda? ¿Será tan cruel el COI como para darnos los Juegos?

http://www.eldiario.es/zonacritica/COI_Madrid_Juegos_Olimpicos_2020_6_171192903.html

"El 'déjà vu' sirio", por Pascual Serrano

El 'déjà vu' sirio
Estar en contra de un bombardeo de la OTAN o una invasión estadounidense no significa que se defienda al régimen de Asad

Pascual Serrano. 28/08/2013
Todo parece indicar que EEUU bombardeará Siria en los próximos días, es lo que los medios y la diplomacia denomina eufemísticamente “intervenir”. Para empezar debemos aclarar que tenemos la humildad de reconocer que, aunque parece indiscutible que hubo una masacre por armas químicas, no sabemos quiénes fueron los responsables. Es por ello que la ONU envía inspectores a la zona. Ignorado esto podemos presentar algunas deducciones lógicas. La primera de ellas es el principio establecido en el Derecho Romano y utilizado en criminalística de “cui prodest” (¿quién se beneficia?). Desde hace semanas, en la agenda de las potencias occidentales y sus adláteres árabes están las acusaciones contra el gobierno sirio por el uso de armas prohibidas, lo más absurdo que podría hacer ese gobierno sería asesinar un millar de civiles, incluidos niños, en un barrio que no forma parte del frente y poner en bandeja la justificación de una intervención militar de EEUU o de la OTAN. Es decir, la respuesta de “a quien beneficia” la masacre por agentes químicos es los partidarios de esa intervención militar contra Siria.

Lo siguiente que hemos comprobado es la rápida difusión de la noticia señalando la autoría del gobierno sirio. Tan rápida que el día 21 los medios internacionales estaban informando de una masacre de 650 personas por parte del ejército sirio utilizando como fuente informativa un tuit de la oposición siria. Nada más. No se me ocurre ningún agente social que pueda conseguir ser titular mundial con un tuit.

Inmediatamente, los gobiernos que han mostrado su apoyo a los rebeldes sirios comienzan a exigir la presencia de los inspectores en la zona para confirmar el ataque y determinar sus responsables, y acusan al gobierno sirio de no colaborar. Sin embargo, cuatro días después ese gobierno está autorizando la presencia de los inspectores y dotándoles de escolta para desplazarse a la zona. Cuando se dirigen al terreno, estos inspectores sufren un tiroteo. De nuevo el gobierno es acusado de la responsabilidad de los disparos de francotiradores al convoy. Sería un cosa curiosa que un bando escolte a unos inspectores de la ONU y al mismo tiempo les disparara. A continuación, los mismos que exigían la presencia de inspectores dicen que ya es tarde, que no necesitan a los inspectores. Sin esperar a las conclusiones del equipo de investigadores de Naciones Unidas, el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, dice que ya tienen la información de inteligencia que demostrará que “no fueron los rebeldes y que el Gobierno sirio fue el responsable".

De nada sirve que el gobierno sirio lo niegue, o que Médicos sin Fronteras afirme que “no puede establecer la autoría del ataque”. La información del gobierno sirio, difundida por la televisión nacional de ese país, asegurando que el ejército allanó el día 24 un depósito de los opositores armados en Jobar, localidad de la periferia de Damasco, en donde halló varios barriles de agentes tóxicos con la inscripción hecho en Arabia Saudita, además de máscaras antigás y pastillas para neutralizar los efectos por la exposición a dichos químicos, sólo fue recogida por Prensa Latina.
El gobierno que más muertes ha provocado en la historia por armas atómicas (Hiroshima y Nagasaki) y por armas químicas (agente naranja en Vietnam) es el que se presenta como protector mundial de los daños por esas armas. El gobierno que inició una guerra de Iraq, que todavía continúa, justificada por unas armas de destrucción masiva que no existían, ahora propone hacer lo mismo por unas armas químicas fundadas en las mismas pruebas. La sensación de déjà vu con la invasión de Iraq es inevitable. Entonces pidieron inspectores y cuando se encontraban en el terreno les obligaron a salir precipitadamente porque comenzaban a bombardear.

Son los mismos gobiernos que se escudaron en una resolución de la ONU para proteger a los libios y terminaron bombardeando el convoy del presidente para que una horda de mercenarios lo linchara y colgara el vídeo en internet. Es la misma OTAN que bombardeó Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad argumentando una limpieza étnica que los forenses demostraron falsa y que, una vez más, lo volverá a hacer en Siria sin importarle la legislación internacional. Los mismos países que invadieron Afganistán para liberar a las mujeres de los talibanes y hoy siguen siendo lapidadas y el país aumentando su récord de producción de opio, corrupción y pobreza.

A todas esas personas bienintencionadas que dicen que no podemos permanecer impasibles ante la masacre de cientos de civiles en Siria hemos de explicarles que esos libertadores que esgrimen el derecho de proteger, la defensa de los derechos humanos y la implantación de la democracia cargan con demasiados antecedentes para que podamos creer en sus buenas intenciones.

Como señala Jean Bricmont (Imperialismo humanitario. El uso de los Derechos Humanos para vender la guerra, El Viejo Topo, 2008), asistimos a que gran parte del discurso ético de la izquierda considera la necesidad de exportar la democracia y los derechos humanos echando mano de las intervenciones militares del primer mundo, y califican de relativistas morales e indiferentes al sufrimiento ajeno a quienes critican esas injerencias. De forma que es precisamente esa izquierda la que inventa e interioriza “la ideología de la guerra humanitaria como un mecanismo de legitimación”. Es un error plantear que existen gobiernos buenos -que pueden invadir- y malos -que merecen ser invadidos y derrocados-. No olvidemos que si aceptamos esa opción, la invasión legítima, en el fondo, estamos autorizando la del fuerte sobre el débil. ¿Acaso invadirá Brasil (tan democrático como EEUU) a Iraq para instaurar la democracia? ¿Aceptaríamos que el Líbano bombardeara con carácter preventivo a Israel? Recordemos que ha sido atacado alguna vez por ese país, estaría muy fundado su ataque preventivo.

Olvidan también que el poder siempre se ha presentado como altruista. Decir que se bombardea Yugoslavia para impedir una limpieza étnica, se invade Afganistán para defender los derechos de las mujeres, se ocupa Iraq para llevar la democracia y liberar al país de un dictador o se ataca Siria para derrocar a un tirano no difiere mucho del discurso de la Santa Alianza para enfrentar las ideas de la Ilustración que inspiraron la Revolución Francesa, o del de Hitler que justificó su invasión de los Sudestes checoslovacos para defender a la minoría alemana. Parece que esa izquierda de fervor internacionalista humanitario olvida que, ya en los tiempos más recientes, el intervencionismo extranjero occidental, que viene a ser lo mismo que decir el estadounidense, es el que apoyó en Indonesia a Suharto frente a Sukarno, a los dictadores guatemaltecos frente a Arbentz, a Somoza frente a los sandinistas, a los generales brasileños contra Goulart, a Pinochet frente a Allende, al apartheid frente a Mandela, al Sha contra Mossadegh y a los golpistas venezolanos contra Chávez. Si de intervenir para proteger y salvar vidas se trata, bastaría con “bombardear” muchos países de África con tetra briks de leche en lugar de bombas de racimo.

Tampoco es que estemos defendiendo a talibanes, a Sadam, a Gadafi ni Al Assad. Estar en contra de un bombardeo de la OTAN o una invasión estadounidense no requiere de un pronunciado rechazo expreso a esos regímenes para que no se interprete que se defienden, el asunto que debemos plantearnos es la violación de la legislación internacional por parte de una potencia invasora, y las mentiras en las que se escudan para justificarla.

http://www.eldiario.es/zonacritica/deja-vu-sirio_6_169443055.html