La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía
Análisis sobre la enmienda
aprobada en la primera fase del XX Congreso del PCE
José María Pedreño. Rebelión,
21-04-2016
Para entender mejor los pactos de
la Transición debemos tener en cuenta el contexto internacional en que se
produjeron. La política de bloques surgida de la “guerra fría” todavía tenía
plena vigencia, posibilitando el consenso y la concertación en medio de una
crisis económica derivada de la subida del precio del petróleo en 1973 y el
agotamiento político de la dictadura que se había trasformado en un lastre para
el desarrollo del capitalismo español. Tenemos que recordar que la reforma
política del “régimen” fue acompañada de acuerdos sociales y económicos
(“Pactos de la Moncloa”). La introducción del neoliberalismo, traído de la mano
por los gobiernos de Felipe González y profundizada por los siguientes, se
produce en un contexto de caída y posterior hundimiento del bloque socialista
europeo y, por tanto, del final del mundo bipolar existente hasta esos
momentos. Esta coyuntura era, en definitiva, lo que propició la concertación
necesaria para intentar construir un estado democrático, social y de derecho. A
partir de ese momento el proyecto político, económico y social de la
transición, tal como lo entendió la izquierda, ha ido desapareciendo hasta ser,
prácticamente, inexistente.
Haciendo balance de lo que ha sido
el movimiento memorialista durante los últimos quince años, contextualizando el
análisis dentro de un proceso histórico en el que, más que nunca, se ha
evidenciado que deshistoriar las relaciones sociales y políticas es uno de los
instrumentos más eficaces con los que cuentan las clases dominantes para
mantener su hegemonía ideológica y, a través de ella, su dominio económico y
político, creo que ha llegado el momento de hablar de los objetivos que algunos
activistas del movimiento memorialista, en especial algunos militantes del
Partido Comunista de España, nos habíamos marcado.
El que suscribe estos párrafos
entendió, siempre, que lo que se ha venido llamando memoria histórica debía ser
uno de los ejes de reconstrucción de la izquierda –desde y con su pluralidad, y
entendiendo el anarquismo como parte de la misma-, tras la derrota sufrida por
las clases populares al final del siglo XX, y ante la evidencia clara de que,
tras la caída de los regímenes denominados de socialismo real del centro y este
europeos, la aseveración de Fukuyama sobre el “fin de la Historia” y la
desaparición de las ideologías, habría dado lugar a lo que se ha dado en llamar
“pensamiento único” que, en la práctica, no es otra cosa que mantener que los
postulados del neoliberalismo (democracia formal, en apariencia, más mercado libre
y desregulado), ideología del capitalismo, aparentemente lo único aceptable,
negando cualquier otra ideología.
Inicialmente nos marcamos los
siguientes objetivos:
1.- Construir un frente de masas
en el ámbito de la lucha cultural e ideológica.
2.- Recuperar la ilusión por la
utopía.
3.- Recuperar principios éticos,
sociales y políticos
4.- Luchar por los Derechos
Humanos, tanto políticos, como sociales y económicos.
5.- Superar el lastre de la
denominada Transición.
6.- Recuperar el prestigio de la
izquierda y el movimiento libertario por su lucha contra el fascismo, a través
de la puesta en valor de la historia de sus militantes.
7.- Recuperar el trabajo de base
como elemento principal de lucha.
8.- Recuperar la Memoria
Democrática.
También teníamos claro que una
nueva III República no sería realmente democrática si no hundía sus raíces en
los principios en que se basó la II. Estábamos seguros de que haciendo visibles
a los hombres y mujeres republicanos asesinados cuyos restos cadavéricos se
encontraban en las fosas, también hacíamos visibles sus ideas. El actual
movimiento republicano no sería el mismo si la bandera tricolor no hubiera
hondeado en las exhumaciones.
Estábamos firmemente convencidos
de que todos los actos jurídicos de carácter represivo -y otros administrativos
que beneficiaban a empresas y personas adictas al régimen- debían ser
declarados nulos, por ilegitimidad de origen, al tratarse de una dictadura
nacida de un golpe de estado ilegal y que, además, fue condenado por Naciones
Unidas en varias ocasiones. Por eso, creemos que todas las sentencias
franquistas deben ser declaradas nulas, es más, deberían ser consideradas, por
el estado democrático, como el acta que unos criminales redactaban respecto de
las decisiones que tomaban para cometer asesinatos y secuestros.
También éramos conscientes de que
la única forma de que se hiciera justicia a las víctimas del franquismo pasaba
por la ruptura del régimen del 78 y que uno de los pilares fundamentales sobre
los que se ha construido es la impunidad.
Conforme iban pasando los años,
fuimos viendo, cuando poníamos en marcha exhumaciones de fosas, que en las
contestaciones que los distintos juzgados y audiencias provinciales daban y, en
especial, el Tribunal Supremo, en la sentencia de absolución al Juez Baltasar
Garzón por el procedimiento que inició para exhumar fosas, siempre aparecía la
Ley de Amnistía de 1977 como argumento principal que impedía que se hiciera
justicia.
Las dificultades que a lo largo de
los años hemos tenido para investigar, con archivos descuidados y la
imposibilidad de acceder a muchos de ellos, en especial a los de carácter
militar y policial, nos han convencido de la necesidad de una fuerte
intervención por parte del Estado y una nueva legislación que facilite el
acceso a toda la información existente.
El informe “La cuestión de la
impunidad en España y los crímenes franquistas”, los informes del relator
especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos y del grupo de
trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unida que castigan duramente
al Estado Español son una auténtica hoja de ruta sobre lo que debe hacerse
respecto a las víctimas del franquismo y la impunidad. Entre las cuestiones que
plantean está la de la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977.
La conocida popularmente como Ley
de Memoria, no vino a solucionar problemas, sino que se convirtió en una nueva
vuelta de tuerca para evitar que se haga justicia, al estar basada en la
equidistancia y no distinguir a los que destruyeron la democracia de los que
fueron sus víctimas, es decir de los que la defendieron, que no reconoce el
carácter jurídico de víctimas a las personas represaliadas por el franquismo,
que externaliza y privatiza la memoria poniendo en manos de las familias la
localización y recuperación de los restos de sus seres queridos. Por eso, su
reforma o la aprobación de una nueva Ley es urgente y debe basarse en la
legislación penal internacional y de derechos humanos.
La Ley de Amnistía, la Ley de
Memoria y la sentencia del Tribunal Supremo absolviendo al juez Baltasar
Garzón, blindan la impunidad y componen lo que hemos dado en llamar “modelo
español de impunidad”. Por eso, somos conscientes de que la clave para
desbloquear la posibilidad de que se hiciera justicia a las centenares de miles
de víctimas de la dictadura franquista era la declaración de nulidad de la Ley
de Amnistía de 1977.
Algunos camaradas y compañeros y
compañeras defienden la Ley de Amnistía como una victoria de la izquierda; sin
embargo, pasado el tiempo se ve con claridad que realmente fue una
manifestación de su debilidad frente a los sectores reformistas del régimen
franquista. La prueba de ello es que amnistiar a compañeros, compañeras y
camaradas es reconocer que cometieron delitos, reconociendo, con ello, la legalidad
del franquismo. Pedir la nulidad de las sentencias, al mismo tiempo que la
amnistía es entrar en una contradicción absurda. Recientemente, en un acto del
Ateneo de Madrid sobre la ruptura del régimen del 78, dije lo siguiente:
“El discurso de Marcelino Camacho
en las Cortes el día 14 de octubre de 1977, en el debate para aprobar la Ley de
Amnistía, cobra sentido tres décadas después. En aquel discurso, Marcelino,
dijo: “ Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que
tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores.
(...) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera
estado nadie…” . Obviamente, si “nuestros muertos” estaban todavía en las
cunetas y se pedía amnistía para todos, es que se había pactado el olvido y,
por tanto, la impunidad para los franquistas. Con esto no quiero decir que
Marcelino fuera una persona deshonesta, todo lo contrario. El hecho de que un
militante cuya honestidad está fuera de dudas defendiese la Ley de Amnistía es
la prueba fehaciente de la existencia del pacto. La ley de Amnistía es la
piedra angular sobre la que se sustenta el régimen del 78, su declaración de
nulidad es fundamental para romper la impunidad y con ella el actual régimen.”
Este pacto, tejido con mucha
generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo por parte del
PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que los tópicos
tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la restauración
borbónica, dando como resultado un franquismo sociológico que impregna todas
las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el principal partido
de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los apellidos de muchos
de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas y adictos a la
dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros de los consejos
de administración de grandes empresas y la banca.
Por todas estas cuestiones,
considero que hablar de ruptura del régimen del 78, sin entender que la
impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo y que hablar de
construcción del nuevo sujeto político y social alternativo sin entender que la
memoria es uno de los principales componentes de la “argamasa” ideológica de su
construcción, tratándola como un elemento aislado de la política, es un grave
error. Por eso, considero que ha sido un acierto, por parte del XX Congreso del
Partido Comunista de España, incluir estos elementos como ejes centrales de la
ruptura democrática. Esa ha sido nuestra lucha durante más de tres lustros y
seguirá siéndolo, porque hacer justicia a los defensores de la libertad y la
justicia social, cuestiona el actual orden social.
Como activista del movimiento
memorialista y militante del Partido Comunista de España, me congratulo, me
felicito y felicito a todas y todos los y las camaradas, por esta enmienda
aprobada, en especial al camarada que la defendió con valentía y brillantez en
el plenario, en la primera fase del XX Congreso del Partido al cual me siento
orgulloso de pertenecer. A muchos nos ha hecho sentir que la lucha emprendida
hace ahora más de quince años ha fraguado, hoy ha sido nuestro Partido el que
la ha asumido, el siguiente paso será que lo haga el Estado.
TEXTO APROBADO POR EL XX CONGRESO DEL PCE
Tesis 12. Los ejes centrales de la ruptura democrática
.
Frente a la aceptación de la monarquía, levantamos la
reivindicación de la III República. La República es imprescindible en la
construcción del Socialismo. Sabemos que esa sola forma de Estado no lo
garantiza de por sí. Pero es igual de cierto que el desarrollo socialista es
incompatible, antes o después, con el monarquismo. Por eso un Partido Comunista
es republicano consustancial. No accidentalista, como quieren decirse otras
formaciones. Así, Engels, en su Contribución a la crítica del proyecto de
programa socialdemócrata de Erfurt de 1891, escribía: está absolutamente fuera
de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la
dominación bajo la forma de República democrática. Esta última es incluso la
forma específica de la dictadura democrática del proletariado como lo ha
demostrado ya la Gran Revolución francesa.
En el caso español sucede, además, que la Monarquía está
particularmente vinculada al bloque -capitalista- de poder dominante. Es una
pieza esencial, por los caracteres específicos e históricos –conservadurismo
acendrado, injerencia militar, nacional-catolicismo, franquismo e impunidad,
corrupción...- de ese bloque de poder en nuestro país. Ello hace que el republicanismo,
en España, tenga unas connotaciones propias, asociadas - también
históricamente- al avance en derechos políticos, sociales, económicos y
nacionales. No es casual que la II República haya sido, hasta el momento, el
período de mayor poder político de la clase obrera en este país. Ello explica,
asimismo, la brutal reacción en modo franquista, la cual en su fin, impuso una
Monarquía que no pudo ser votada aparte en la Constitución de 1978; que le fue
impuesta a la misma, y que es, en rigor, esa Monarquía, pre-constitucional.
Y por supuesto, un freno de primera magnitud -como se ha
observado singularmente ahora-, para el progreso de la sociedad en el modo en
que nosotros, nosotras, comunistas, queremos.
Ello conduce a que la reivindicación de una III República federal,
laica, participativa y solidaria, sea -deba ser- para nuestro Partido, un
asunto de gran importancia. Obviamente, no desvinculado, ni negacionista, de
otras reivindicaciones políticas, económicas, culturales... Antes bien, como un
hilván que permite conectar todas, dándoles forma estatal.
Por tanto, la reivindicación de III República ha de ser constante
y consecuente. No se trata tanto de fijar una vía -puede haber varias que se
complementen: bloque electoral, referéndum, mociones parlamentarias,
municipales, etc- como de mantener la exigencia republicana en todo momento.
No supeditarla -como a veces hemos visto en este último período- a
tacticismos, por los cuales, en la búsqueda de pactos con otros agentes, se
relega la cuestión republicana, y cuando no se consiguen esos acuerdos, vuelve
a ponerse en primer plano, pareciendo oportunista.
La coherencia exige que la reivindicación de una III República
federal para España, no quede nunca frenada por ninguna componenda, y
constituya siempre una acción política principal para el PCE.
Así mismo consideramos un factor esencial, la recuperación de la
memoria democrática.
Partiendo de la base de que el único cambio posible y real debe
basarse prioritariamente en el cambio de modelo de Estado, es decir, el modelo
republicano –todo lo que no parte de esta base son simples brindis al sol-, no
lo es menos que ese cambio ha de correr paralelo al de la equiparación
jurídica, política y social de las víctimas de franquismo. No se abren vías
democráticas perdurables manteniendo este déficit y, por tanto, la impunidad
que se mantiene sobre los recortes de derecho, delitos y crímenes cometidos
durante la dictadura.
Si las recomendaciones realizadas por la ONU que para paliar el
caso español, son válidas para formalizar una verdadera reconciliación y armar
definitivamente de contenidos democráticos la convivencia en nuestro país, es
necesario superar sin más dilación, las siguientes cuestiones:
- Anulación de las sentencias de los tribunales franquistas
- Declaración de nulidad de la ley de amnistía
- La apertura de las investigaciones sobre lo ocurrido durante la
guerra y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y
delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad
- Aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos
para el caso español
- Ley de memoria histórica: derogación de los puntos que impiden la
apertura de procedimientos penales
- Derogación de las últimas reformas de la de Justicia Universal
- Equiparación de las víctimas de franquismo a los derechos
establecidos para el resto de víctimas.
José María Pedreño. Militante del
PCE. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria.
