viernes, 18 de mayo de 2018

Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol



Intervención en el 8º Aniversario de la Ronda de Sol
17/05/2018


(intervención desde el minuto 4:20)


Estimados amigos y amigas, compañeras, compañeros y camaradas:

Es un honor dirigirme a vosotros en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, porque la Ronda de Sol es, desde hace años, un referente para todo el Movimiento Social para la recuperación de la Memoria Histórica.

Últimamente, cada día nos despertamos con la noticia de la retirada de las placas de nombre franquista de las calles de Madrid. Pero no olvidemos que se van a cambiar unas 47, a pesar de que el listado que hemos elaborado las asociaciones de memoria, vecinales, etc...  señalaba 130. La retirada de todas y cada una de las restantes es una tarea que nos queda, al parecer, para la próxima legislatura municipal. Están dándose además problemas legales y judiciales, ya que se hizo caso omiso a nuestra sugerencia de que se utilizasen las Ordenanzas Municipales sobre callejero en vez de la negativa Ley de Memoria. Debemos también felicitar a nuestros compañeros abogados, que en representación de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo y de la Federación Estatal de Foros Memoria, se están oponiendo en los juzgados a las pretensiones de la Fundación Francisco Franco.

El pasado viernes muchos de los presentes asistimos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel. Es innecesario glosar aquí la figura del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente. Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y lo del viernes pasado en Carabanchel constituyó un acto de higiene democrática, al desaparecer la infamia que suponía que Madrid honrase el nombre de un general  golpista, quien luego combatió contra los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

El cambio de calles hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de algunas  organizaciones madrileñas de memoria histórica. No buscamos ningún reconocimiento, pero estamos detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

En un reciente comunicado conjunto de diversas organizaciones, ante la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid de que en el futuro Memorial previsto en el Cementerio del Este no aparezcan los nombres de las personas que fueron asesinadas junto a esos muros, hemos exigido al Ayuntamiento el mantenimiento de los compromisos adquiridos con los colectivos de memoria histórica y con las familias de las víctimas del franquismo, es decir,  la realización de un Memorial donde se visibilicen los nombres de todos aquellos y aquellas que fueron allí asesinados por su defensa de la legalidad democrática.

No estamos dispuestos/as a consentir que se vuelva a juzgar y a condenar a nuestros compañeros y compañeras, perseverando así en la falsificación histórica construida por el franquismo, y legitimando acusaciones sustentadas en “pruebas” obtenidas en situación de absoluta indefensión  y mediante la tortura. Sería inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid asumiese propuestas que sólo pretenden falsificar la historia y hacer irreversible la impunidad de los crímenes franquistas.

El Comisionado propone también un segundo memorial dedicado a las “víctimas de la violencia en Madrid entre 1936-1939”. ¡¡Como si en 80 años el trato dado por las instituciones a todos los colectivos de víctimas hubiera sido igual de justo y equitativo!!  A la espera de más ocurrencias, no sería de extrañar que el Comisionado propusiera un nuevo reparto de estancos, despachos de quinielas y loterías, o concesiones de gasolineras, para los hijos de “caidospordiosyporespaña”.

Ha quedado demostrado que teníamos la razón hace tres años, cuando decíamos que era un gravísimo error la constitución del llamado Comisionado de Memoria Histórica. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid su inmediata disolución, por ser éste manifiestamente incompatible con las actuaciones para la recuperación de la memoria democrática en la ciudad de Madrid, y con el respeto a los derechos de las víctimas, tal y como explicitan los organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo nos parece inaceptable que el Comisionado siga suponiendo un importante coste a las arcas municipales, cuando los plazos de actuación y las funciones previstas de dicho órgano finalizaron hace tiempo. Hacemos además un llamamiento a las personas de talante democrático que forman parte de él, para que, por ética y dignidad, presenten la dimisión inmediata e irrevocable.

Nada más, compañeras y compañeros. Feliz octavo “cumpleaños” de la Ronda de Sol. Espero que no tengáis que invitarnos a más aniversarios, porque el año próximo por estas fechas hayamos alcanzado todos nuestros objetivos de manera más que satisfactoria. De momento, seguimos trabajando junto a vosotras y a vosotros, en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos, en favor de una Ley Integral de Víctimas del franquismo.

¡¡ Viva la Ronda de Sol; Viva la Memoria Antifascista !!

jueves, 10 de mayo de 2018

Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho



Mañana asistiremos a la inauguración del Paseo de Marcelino Camacho, en Carabanchel (Madrid). No voy a glosar aquí la figura por todos conocida del compañero Marcelino, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente.

Pero sí voy a llamar la atención sobre algo que parece que se está olvidando: que el anterior nombre de la calle era Avenida de Muñoz Grandes y mañana, en un acto de higiene democrática, desaparecerá la infamia de que Madrid honre el nombre de un general, primero golpista, y después al mando de una unidad que combatió a los aliados a las órdenes de Adolfo Hitler.

Hay que agradecérselo, en primer lugar, a la implicación y el compromiso de determinados responsables políticos de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo, al enorme esfuerzo y a la perseverancia de las organizaciones madrileñas de memoria histórica, y muy especialmente de mis compañeras y compañeros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, siempre en la vanguardia de esta pelea (y de otras muchas), incluso jugándose la integridad física (y ya saben ellos/as a lo que me refiero).

Mis compañeras y mis camaradas no han pretendido nunca ningún reconocimiento, pero están detrás de cada tornillo que está cayendo estos días al suelo cuando los operarios municipales quitan las placas de Yagüe, Moscardó o Arriba España.

No dudo que el compañero Marcelino hubiera acabado teniendo una calle importante en Madrid, muy pocas personas en este país lo merecen tanto como él. Pero debería tenerse en cuenta quiénes han apostado más fuerte, y desde hace más tiempo, para que finalmente le hayan dedicado una avenida en el centro de su barrio, sustituyendo su nombre al de un criminal de guerra. Porque sin ese enorme y prolongado trabajo reivindicativo, Marcelino Camacho hubiera dado nombre a una rotonda o a una avenida solitaria al final del PAU de Carabanchel.

martes, 8 de mayo de 2018

Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee


Intervención en el Campo de Concentración de Ebensee (Subcampo de Mauthausen)

5 de mayo de 2018.


Queridos amigos y amigas, compañeras y compañeros. Camaradas.

Es para mí un inmenso honor y un privilegio tener la oportunidad de dirigirme hoy aquí a vosotros, en nombre del  Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo. Esta confluencia está conformada por más de 80 organizaciones, entre ellas la Federación Estatal de Foros por la Memoria, a la que pertenezco.

La propuesta central  del Encuentro de colectivos es la exigencia de una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que reconozca a éstas los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tal y como son definidos por los organismos internacionales de derechos humanos para las víctimas de graves violaciones de derechos. 

Dentro de las víctimas españolas de los fascismos, tienen especial relevancia las víctimas de la deportación y del sistema concentracionario nacional-socialista. Una de las exigencias fundamentales del Encuentro de Asociaciones es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, y en consecuencia, la plena asunción de responsabilidades por parte del Estado español por su papel en la deportación, en la negación a los exiliados republicanos de la ciudadanía española, y finalmente en la entrega de miles de estos a los nazis.

Exigimos asimismo del actual jefe del Estado una petición pública de perdón, tal y como han hecho otros gobernantes europeos por el papel de sus respectivos países en la deportación y en la entrega de trabajadores forzados a la Alemania nazi.

No olvidemos que en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas definió  a la dictadura de Franco como “un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.  Asimismo, lo condenó porque “Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente en el transcurso de la guerra mundial formaron el conjunto de las Naciones Unidas”.

Constatamos con preocupación la existencia de una doble moral en la política y en las instituciones españolas: por un lado comprobamos cómo las instituciones se suman cada vez más a las conmemoraciones internacionales del Holocausto, aunque en muchos casos se ningunea a las víctimas españolas. Por otro lado, observamos que se celebran  actos de reconocimiento formal a las víctimas españolas del nazismo, al tiempo que se les niega todo derecho efectivo como víctimas del franquismo. Porque en España, la diferencia de trato por parte del Estado a unos y otros colectivos de víctimas no depende de las víctimas en sí, sino de la identidad de los victimarios.

Si con un colectivo tenemos una deuda como nación y como sociedad, es con las víctimas de los Campos. Hoy más que nunca es fundamental la lucha contra el olvido, no sólo cultivando una memoria historicista o conmemorativa, sino impidiendo que se tergiverse o se prive de sentido lo que aquí pasó: señalando quiénes fueron las víctimas, y quiénes fueron los verdugos directos, los responsables, los cómplices, y los beneficiarios de los crímenes cometidos. 

Ante el actual avance del fascismo, la xenofobia y el racismo, reivindicamos hoy y aquí, el inmenso orgullo de ser españoles antifascistas. Porque la lucha de los españoles contra el fascismo empezó en 1936, continuó en todos los frentes de la guerra mundial, y se prolongó en la guerrilla y en la lucha clandestina contra el régimen de Franco. Muchos de ellos y ellas sucumbieron, las víctimas de los campos sufrieron penalidades inconcebibles. Pero en su doble condición de combatientes y de víctimas nuestras compañeras y compañeros son un ejemplo de vida,  y su memoria, mediante la recuperación de los valores por los que lucharon y por los que fueron represaliados, una apuesta imprescindible de futuro.

Salud y República. No pasarán.

domingo, 11 de marzo de 2018

Intervención en las II Jornadas "Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del franquismo"



Intervención en las II Jornadas "Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del franquismo"

Arturo Peinado Cano, Federación Estatal de Foros por la Memoria,
 10 de marzo de 2018




Quiero comenzar agradeciendo a la organización de estas II Jornadas la posibilidad de dirigirme a vosotras y a vosotros, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que reúne a más de 90 organizaciones de todo el Estado español y de Europa.

Nuestra propuesta como Federación, tras llegar a la conclusión de que la única salida al problema de la impunidad del franquismo pasa por la política, y debe solucionarse legislando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales denominan “modelo español de impunidad”, se ha plasmado en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales.

El Proyecto de Ley de Víctimas del franquismo se basa en dos ideas:
1.    Que se ha negado a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas.
2.    Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el prestigioso fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: "...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparadas y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español. La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica, a pesar de las exigencias al respecto de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

Buena parte del trabajo que hemos desarrollado se sustenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

En cuanto a nuestra propuesta de archivos en concreto, valoramos que los archivos juegan una función central en la promoción y realización del Derecho a la Verdad. El Estado debe garantizar el derecho de libre acceso a la información a todos los ciudadanos y ciudadanas, y principalmente a las víctimas y familiares de la represión ejercida durante la guerra civil y el franquismo.

No hemos desarrollado una propuesta específica sobre archivos como una parte del proyecto de Ley de Víctimas del franquismo, sino una declaración de principios y objetivos, porque entendemos que es indispensable la promulgación de una Ley específica de acceso a la información y un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el acceso público a los mismos. Un política estatal de archivos afecta a toda la sociedad y a múltiples colectivos (profesionales, de víctimas…), no pudiendo plasmarse únicamente en una Ley que afecta a unos colectivos concretos.

Como principio se ha de reconocer el derecho de libre acceso, y la obligación de colaboración de los responsables de los archivos con la Justicia, con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Esa Ley de Archivos debe revisar los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, prevaleciendo siempre el Derecho a la Verdad.

En el caso de las víctimas de la dictadura, las alegaciones de razones de “seguridad del Estado”, “protección del honor” y protección de datos de carácter personal, para denegar solicitudes de información debe, examinarse de manera restrictiva y aplicarse únicamente de forma excepcional, puesto que se está frente a la investigación de agresiones contra los derechos humanos. Además, el tiempo transcurrido hace cada vez menos justificables las denegaciones de solicitud de acceso a documentos.

Los archivos deben contar con los recursos adecuados para su correcta gestión, y los archiveros necesitan respaldo legal y un marco jurídico claro para ejercer su profesión con libertad, seguridad jurídica, transparencia e independencia.

Defendemos la desclasificación inmediata de todos los documentos históricos del estado español, y que esta desclasificación alcance a los Archivos Militares, Archivos del Ministerio del Interior, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivos Judiciales, Archivos Hospitalarios y Archivos de Maternidades. Es necesario garantizar el derecho de acceso a toda la información de los archivos que contengan documentación de autoridades, organismos, instituciones, funcionarios y agentes del orden público, que cometieron, consintieron o ampararon delitos contra los derechos humanos, para hacer posible el derecho de Reparación y Justicia de las víctimas, y el derecho y el deber de Verdad del conjunto de la sociedad.

Consideramos necesaria la desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

Es indispensable la redacción de una Ley de Secretos Oficiales que derogue las leyes 9/1968 y 48/1978, que permita la desclasificación automática de documentos, una vez hayan transcurridos plazos similares a los que reconocen países de nuestro entorno: 30 años, y 50 para casos excepcionales.

Debe derogarse el punto 6º del artículo 1º del Acuerdo entre el Estado Español y el Vaticano sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, que impide el acceso a los Archivos de la Iglesia con fines académicos, de memoria histórica, e investigación de la desaparición y adopción irregular de niños desde 1936 hasta nuestros días.

Por otro lado es inaplazable el inventariado, catalogación y reorganización, con los medios avanzados que la actual tecnología permite, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc…

Asimismo, las administraciones deberían tomar medidas urgentes con el fin de evitar a toda costa destrucciones incontroladas de documentos.

Termino agradeciendo de nuevo vuestra invitación, y poniéndonos a vuestra disposición para la recepción de propuestas e ideas con las que desarrollar y mejorar el proyecto de Ley de Víctimas del franquismo.



BIBLIOGRAFÍA:

El papel de los archivos en la defensa de los Derechos Humanos y la Memoria histórica. 
Jornadas Celebradas en Madrid, 4 y 5 de Abril de 2014
Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) 

Víctimas de la Guerra civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad.
Amnistía Internacional. 30 de marzo de 2006

El Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX
Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, Madrid, mayo de 2014

La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas (Informe Nizkor)
Equipo Nizkor, 14 de abril de 2004

PROPUESTA PARA UN LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
Federación Estatal de Foros por la Memoria, Septiembre de 2015

viernes, 2 de marzo de 2018

Reunión de trabajo con el grupo de Memoria histórica del Parlamento europeo


Intervención en la Reunión de trabajo con el grupo de Memoria histórica del Parlamento europeo

Madrid, 1 de marzo de 2018


Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia en Madrid, y transmitiros el saludo de la Federación Estatal de Foros por la  Memoria, del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, y de todos los compañeros/as de los Foros federados, así como de la comisión Coordinadora del Encuentro de Colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que reúne a más de 90 organizaciones de todo el Estado español y de Europa. 

Nuestra Federación, que participa en diversos procedimientos judiciales desde 2003, ha llegado a la conclusión de que la solución al problema de la impunidad del franquismo es política, y debe solucionarse en el Parlamento, legislando y anulando la legislación en la que se sustenta lo que organizaciones internacionales denominan “modelo español de impunidad”: la Ley de Amnistía de 1977 (que en 40 años de vigencia invariablemente ha actuado como una ley de punto final), la Ley de Memoria de 2007 (que niega el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo), y la Sentencia de 2012 por la que se absolvió al exjuez Baltasar Garzón y se condenó a las víctimas del franquismo, a la vez que ponía una espada de Damocles sobre las cabezas de jueces y tribunales. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo cerró el modelo español de impunidad, negando la aplicación del derecho penal internacional a los crímenes contra la humanidad cometidos por los franquistas.

En consecuencia, nuestra propuesta como Federación, asumida por el Encuentro Estatal de asociaciones, se ha plasmado en una Ley Integral de Víctimas del franquismo. Hemos trabajado en un amplio borrador, abierto a modificaciones y a ampliaciones. Se ha enviado a expertos y se está discutiendo su viabilidad con fuerzas políticas y sociales. 

El Proyecto de Ley de Víctimas del franquismo se basa en dos ideas:

1. Que se ha negado a las Víctimas del franquismo el reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros colectivos de víctimas. Por tanto, la Ley de Víctimas del franquismo debe partir del reconocimiento jurídico de las víctimas.
2. Vemos indispensable que el Estado asuma las recomendaciones de los organismos internacionales de DDHH. La Ley de Víctimas del franquismo debe partir del principio de que las víctimas del franquismo son víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Coincidimos con el prestigioso fiscal Carlos Castresana cuando escribía en junio de 2013: "...las víctimas del franquismo tendrían que tener el mismo estatuto jurídico que tienen las víctimas del terrorismo, ni mejor ni peor, exactamente el mismo. Son víctimas de la violencia política, y si unas tienen derecho a la memoria y a la justicia y a la reparación, no veo por qué las otras no"

Buena parte del trabajo que hemos desarrollado se sustenta en otros documentos: La Ley de Víctimas del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparadas y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español. La impunidad del franquismo vigente en el estado español, no sólo ha seguido preservando hasta el día de hoy la impunidad penal de los verdugos, sino que implica el no reconocimiento jurídico y político de sus víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos a la Verdad, la Justicia y a cualquier forma de Reparación material y simbólica, a pesar de las exigencias al respecto de los organismos internacionales de Derechos Humanos. Lo más sangrante es que el elemento diferenciador entre unos y otros colectivos no es su carácter de víctimas en sí, conforme a la definición de Naciones Unidas, sino la identidad de los victimarios.

Aunque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática, la diferencia está, fundamentalmente, en el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español tanto en dictadura como en democracia, que ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio. 
Las víctimas del franquismo y sus familias, no sólo han tenido que soportar décadas de políticas públicas de silencio y olvido que apenas se corrigieron tras el fin de la dictadura, sino que además tuvieron que seguir padeciendo durante muchos años múltiples formas de represión y perpetuación de la injusticia. 

Uno de los objetivos fundamentales de una Ley de Víctimas del franquismo debe ser corregir esta enorme injusticia y desagraviar en lo posible, tras el tiempo transcurrido, a las víctimas de tanta ignominia. Y no sólo por las víctimas: la pervivencia de una situación tan injusta, como pudieran ser la plena vigencia de las sentencias represivas del franquismo, o la existencia de miles de fosas comunes clandestinas (no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente) pone en cuestión la vigencia real del Estado de derecho en España. 

La reiterada negativa por parte del Estado español a anular las sentencias de los tribunales y consejos de guerra franquistas, supone de hecho la asunción de su plena responsabilidad en los abusos y las agresiones a los derechos humanos cometidos por la dictadura franquista.

También se debe tener en consideración que la dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta al menos, las elecciones democráticas de 1977, cuando no hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Es decir, que múltiples hechos criminales cometidos, son coetáneos con las violaciones de derechos humanos que siguen siendo perseguidos, que han sido juzgados y han terminado por lo general con contundentes condenas penales, en otros países del mundo, como es el caso de los crímenes de las dictaduras del Cono Sur americano.

Además debemos considerar que no sólo son víctimas del franquismo quienes fueron objeto de alguna o varias de las múltiples formas de represión ejercidas por la dictadura, sino que en un sentido amplio, lo fue el conjunto de la sociedad española.
Termino agradeciendo de nuevo vuestra presencia en nuestro país, y a los organizadores/as el habernos dado la oportunidad de dirigiros estas palabras, porque estamos convencidos de que la lucha contra la impunidad del franquismo forma parte de la lucha global de la democracia y el antifascismo, es decir de la Causa de toda la humanidad progresista.



martes, 27 de febrero de 2018

Juzgar a las víctimas dos veces


Fosa común del cementerio de Oviedo, agosto de 2017. Foto: @apces 


Juzgar a las víctimas dos veces

CTXT, 26 de febrero de 2018

En reconocimiento a la Asociación "Memoria y Libertad" y a las familias de los fusilados y fusiladas en el cementerio del Este de Madrid.

Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un proyecto de memoria histórica que ha rescatado la dimensión de los fusilamientos efectuados en las tapias del cementerio de La Almudena. Un trabajo de investigación desarrollado por un equipo dirigido por el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Hernández Holgado, ha ampliado la cifra de ejecuciones hasta 2.934 desde las 2.663, que había establecido el libro de Mirta Núñez y Antonio Rojas Friend. 

A partir de las conclusiones del estudio, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que promoverá un Memorial para los fusilados en las tapias del cementerio del Este, como los que ya existen en un centenar de ciudades de todo el país.

La actual corporación del Ayuntamiento de Madrid, en consonancia con los sentimientos y los deseos de los familiares, ha resuelto emprender una tarea que, aunque llega muy tarde para reparar efectivamente a las víctimas y a sus familias, resulta imprescindible para recuperar la memoria de nuestros conciudadanos y conciudadanas cuya vida fue arrebatada por creer en un mundo mejor, y para adoptar en la ciudad de Madrid un marco de convivencia basado en los valores democráticos y en el respeto a los Derechos Humanos.

Los familiares de las víctimas de aquellos consejos de guerra ilegales e injustos (entre los cuales se encuentran las 13 Rosas y sus compañeros) llevan décadas demandando un lugar de memoria, donde aparezcan los nombres de sus familiares muertos y rendirles el homenaje público o personal que estimen, acabando con la “damnatio memoriae” decretada por la dictadura, que nuestra democracia no ha sabido reparar.

Recordemos que muy cerca de donde se fusiló en la posguerra a miles de antifranquistas se encuentra el monumento de homenaje a la División Azul, con banderas, altares y símbolos. Asimismo perviven, en un lugar privilegiado de la necrópolis, tumbas de miembros de la Legión Cóndor nazi, que bombardeó Madrid, cuando era una ciudad repleta de población civil y de miles de refugiados.

A la exposición de resultados de las investigaciones del profesor Hernández Holgado y su equipo, le ha seguido un amplio repertorio de insultos y descalificaciones tanto contra su investigación como contra su persona. La portada de un periódico de tirada nacional hablando de supuestos homenajes a “chequistas” (expresión recogido por el mismísimo Ministro de Justicia), o reseñar una vinculación puntual del profesor Hernández Holgado con un determinado partido político para cuestionar la imparcialidad de su trabajo, reedita la campaña de manipulaciones y calumnias que tan buen resultado dio contra el equipo de profesionales de la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX, consiguiendo tumbar un proyecto integral de memoria histórica que estaba elaborándose para la ciudad de Madrid.

Siempre que se habla de “chequistas” se hace referencia a una fuente documental concreta: la Causa General. Una fuente que los historiadores cogen con pinzas por su parcialidad y deficiencias, lo que hace preciso que sea necesariamente contrastada con otras más fiables. La derecha mediática viene desde hace días dando carta de naturaleza a las cifras y acusaciones de la Causa General y de las sentencias de los consejos de guerra franquistas, sustentadas invariablemente en denuncias sin posibilidad de ser rebatidas, y en la práctica sistemática de la tortura. Por el contrario, lo que el grupo del profesor Hernández Holgado ha hecho es recuperar la historia de las ejecuciones de  personas que no tuvieron la más mínima posibilidad de defensa, ni se les concedió el derecho a la presunción de inocencia.

El Partido Popular ha presentado una proposición ordinaria que se debatirá en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del 28 de Febrero, que pretende desvirtuar las conclusiones del trabajo realizado por el equipo del profesor Hernández Holgado, y pervertir el sentido del futuro Memorial proyectado en homenaje a las víctimas del franquismo.

Los tribunales militares franquistas no eran homologables a un Estado de Derecho digno de tal nombre, ni garantizaban un juicio justo al reo, pero la propuesta del PP otorga legitimidad a las acusaciones de las sentencias franquistas, dictadas por tribunales militares ilegalmente constituidos; sin las mínimas garantías procesales; en aplicación de leyes promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin derecho efectivo a la defensa; sin derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente...

El argumentario del PP, sustentado en la publicística franquista hoy desautorizada por los estudios históricos, pretende relativizar u ocultar la represión ejercida por el régimen de Franco y sobredimensionar la republicana, que efectivamente existió. Con ese mismo enfoque podría cuestionarse si cada una de las víctimas producidas en la retaguardia republicana merece un lugar de recuerdo público o familiar, en función de su afinidad con el golpe del 18 de julio o con la brutal represión posterior.

El PP también propone "Que el Memorial en el camposanto municipal recuerde a todas las personas que sufrieron violencia o persecución por sus ideas, su compromiso político, sus creencias religiosas o cualquiera de sus actitudes vitales durante la Guerra Civil y la Dictadura". Entendemos que en justa reciprocidad y embargados por ese espíritu fraternal, los concejales populares exigirán a la Iglesia católica la inclusión de las víctimas del franquismo en las próximas ceremonias de beatificación masiva que periódicamente organiza la jerarquía eclesiástica.

Aunque la equidistancia y la igualación entre quienes defendieron la democracia y quienes la agredieron debería ser éticamente inaceptable por una sociedad democrática, la diferencia está, fundamentalmente, en el trato proporcionado a unas víctimas y a otras por parte del Estado español tanto en dictadura como en democracia, que ha sido con respecto a las víctimas del franquismo abrumadoramente injusto y discriminatorio.

Las víctimas, por definición injustas, que se produjeron en la retaguardia republicana durante los meses iniciales de la guerra civil, fueron beneficiarias (tanto los supervivientes como todas sus familias) de unas políticas intensivas de reparación material y simbólica que adoptaron múltiples formas. Recibieron un reconocimiento público prolongado, y todo ello desde el primer momento, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra y de la guerra mundial, que por ejemplo, no impidieron la exhumación rápida y completa de todos los enterramientos de víctimas afines al nuevo régimen.

A diferencia de otros colectivos de víctimas, a favor de las cuales se ha legislado ampliamente, que han sido sobradamente reparados y cuyos derechos han sido resarcidos, sólo las víctimas del franquismo no han sido reconocidas jurídicamente por el Estado español, que les ha negado explícitamente la Verdad, la Justicia y la Reparación a pesar de las exigencias de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

En cuestiones de Justicia y de Derechos Humanos ya no son aceptables las componendas a que nos acostumbró la Transición. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni los grupos políticos democráticos pueden tomar decisiones políticas condicionados por campañas de amedrentamiento y de coacción.

Aquellos y aquellas que el próximo día 28 voten la moción del PP, u otras que puedan presentarse en la misma dirección, estarán juzgando y condenando de nuevo a las víctimas del franquismo. Y con las mismas garantías con que lo hacían los tribunales en los años 40.

Arturo Peinado Cano, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

lunes, 19 de febrero de 2018

La portada de hoy de ABC



En su portada de hoy, el diario ABC no tiene el menor reparo en volver a calumniar a las víctimas del franquismo. Impasible el ademán, 40 años de democracia no han pasado por el periódico monárquico.

La portada de hoy de ABC da carta de naturaleza a las cifras y acusaciones de la Causa General, obtenidas invariablemente por medio de la tortura, cuando no mediante delaciones y denuncias (en muchos casos anónimas) frente a las que el incriminado no tenía la menor posibilidad de descargo.

ABC da autenticidad a las acusaciones de las sentencias franquistas dictadas por tribunales militares ilegalmente constituidos; sin las mínimas garantías procesales; en aplicación de leyes promulgadas por un poder golpista, ilegítimo e ilegal; sin derecho efectivo a la defensa; sin derecho de apelación a una instancia jurídica superior independiente. Sentencias que, eso sí, siguen siendo perfectamente legales y firmes para el Estado español, Ley de memoria histórica mediante.

ABC puede permitirse legitimar la “justicia” aberrante de la dictadura, inaceptable para los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos e irreconciliable con un verdadero estado de derecho.

La portada de hoy de ABC es digna de la histórica línea editorial seguida desde la fundación del periódico, como las portadas que celebraron el cumpleaños de Hitler o el golpe de Pinochet.

La portada de ABC de hoy también es impunidad del franquismo.