Compañeras y
compañeros. Amigas y amigos:
Quiero agradecer
la invitación a participar en este acto a las compañeras y compañeros del Foro
por la Memoria de Guadalajara y felicitarles por la organización de estas
Jornadas. También agradeceros vuestra presencia hoy, y transmitiros el saludo
de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria y de todos los compañeros/as de los Foros federados.
El título de esta Jornadas, “la Memoria histórica ante los
nuevos retos políticos”, es bastante más sencillo que la realidad a la que se
refiere. Nos encontramos en una tesitura complicada: nos enfrentamos a unas elecciones, el 10 de noviembre, con
resultado incierto.
La conformación de los nuevos Parlamento y ejecutivo
andaluces, los acuerdos previos a la constitución de gobierno y las medidas que
ya se están adoptando, muestran que las fuerzas gobernantes en Andalucía han
puesto el punto de mira en los derechos y conquistas de las mujeres, de los
colectivos LGTBI, los inmigrantes y los refugiados. También sobre la memoria
histórica, cuya reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación señala a los
responsables de los crímenes cometidos, deja en evidencia el sistema de
impunidad en que han vivido los autores, y explica, en buena parte, el status
social y económico del que siguen gozando muchas personas, empresas e
instituciones.
En el mes de
octubre de 2015, 70 organizaciones nos reunimos en Madrid, y creamos un espacio
común al que se han incorporado hasta el día de
hoy más de 100 asociaciones y colectivos. Le hemos dado en llamar
ENCUENTRO. De allí salió un amplio documento consensuado, la denominada CARTA
de Vicálvaro, que se hizo llegar a las fuerzas políticas antes de las
elecciones de diciembre de 2015 y junio
de 2016 como propuesta programática, con
el objetivo de impedir que el debate sobre la memoria histórica quedase entonces,
fuera de la agenda política y de la campaña electoral.
En mayo de 2016
la 2ª reunión del Encuentro aprobó asumir como propuesta la necesidad de una Ley integral de Víctimas del franquismo,
recogiendo el trabajo de nuestra Federación como borrador inicial, junto a
otras propuestas. Estamos convencidos/as
de que, independientemente de los procedimientos judiciales que se están
planteando tanto ante la justicia española como la de otros países, las trabas
para hacer efectivos los derechos de las víctimas del franquismo, son
fundamentalmente políticas; también lo son las soluciones: revocar la
legislación en la que se sustenta la impunidad y desarrollar otra, que
reconozca y promueva los derechos de las víctimas.
El proyecto de
LVF que hemos trabajado se sustenta en diversos documentos: La Ley de Víctimas
del terrorismo aprobada por el Parlamento en septiembre por 2011; y los dos
Informes sobre el caso español presentados en septiembre de 2014 al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, uno por el Grupo de Trabajo sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el otro, por el Relator Especial
sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de
no repetición. También nos hemos basado en el llamado “Manifiesto de la
Dignidad” presentado en 2014 por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco.
En qué consiste la propuesta de Ley de
Víctimas del franquismo
El Proyecto se
basa en dos ideas centrales:
1. Vemos
indispensable que el Estado asuma las
recomendaciones de organismos internacionales de DDHH sobre las víctimas
del franquismo.
2. La Ley de
Víctimas del franquismo parte del principio de que las víctimas del franquismo
son víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y que el Estado español
niega a las Víctimas del franquismo el
reconocimiento jurídico y los derechos y beneficios que se conceden a otros
colectivos de víctimas.
Se debe tener
siempre en consideración que la represión franquista no sólo afecta a hechos
producidos durante la guerra civil de 1936-1939 y los años inmediatamente
posteriores. La dictadura y sus políticas represivas se extendieron hasta, al
menos, las elecciones democráticas de 1977.
En consecuencia, no renunciamos a la acción penal contra los responsables
de agresiones a los derechos humanos que están vivos, independientemente de su
edad, tal y como sucede en países como Alemania.
En posteriores
reuniones del Encuentro (2017 y 2018), hemos debatido qué vía institucional
queremos dar a la Carta de Vicálvaro y el desarrollo del borrador de Ley de
Víctimas. Asimismo se ha adoptado, siempre por consenso, una posición más
contundente sobre la Ley de Amnistía de 1977,
pronunciándonos a favor de la aprobación por el Parlamento de una
Declaración de Nulidad de la misma.
La Estrategia
seguida por el Encuentro ha perseguido que se plasmen en leyes y en políticas
las reivindicaciones del movimiento memorialista. Hemos realizado
manifestaciones en Madrid, y celebrado múltiples reuniones, entregas del
proyecto de Ley de Víctimas a dirigentes políticos y cargos públicos… Queremos
convencer a las fuerzas políticas de que las múltiples iniciativas políticas
particulares que están presentando tienen un recorrido limitado, como se ha demostrado.
Esta iniciativa
ha tenido entre las diversas fuerzas políticas y grupos institucionales una
buena acogida por lo general, pero también con escasos resultados, por la
concurrencia con las diversas y dispersas iniciativas que sobre memoria histórica
han presentado los grupos políticos en estas legislaturas cortas. El borrador de LVF ha inspirado
propuestas como el proyecto de IU de Junio de 2018, o el que presentamos en el
Senado junto a Compromís.
A pesar de las
dificultades, creemos que el hecho de que un amplio conjunto de fuerzas
parlamentarias fueran capaces de presentar una iniciativa conjunta a favor de
la anulación de la Ley de Amnistía, y un texto conjunto de Proposición de Ley
de Víctimas, constituiría un hito histórico, significaría un triunfo para las
víctimas del franquismo, y un salto cualitativo en nuestra lucha.
Sobre la exhumación de Franco
Nos felicitamos por la decisión el TS del 24 de septiembre.
La importancia real de la exhumación es relativa, por cuanto no deja de ser un
hecho aislado que no supone un cuestionamiento del modelo español de impunidad,
pero tiene una fuerte carga simbólica. Supone un éxito innegable para el
movimiento social por la Memoria, y
confiamos en que llegue a buen término. Que se saque a Franco de Cuelgamuros
constituye una modesta victoria, pero una decisión contraria del TS hubiera
supuesto una derrota estrepitosa, casi definitiva. Que los Franco hubieran
parado el Decreto-Ley aprobado en el Parlamento hubiera supuesto una gran
derrota democrática.
El éxito se debe sin duda al movimiento memorialista. Por
ejemplo: desde hace 12 años el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid,
junto a otros colectivos y organizaciones, viene realizando concentraciones en
la entrada del Valle cada 20-N. La denuncia y la presión del MSRM, han
terminado convenciendo y captando el apoyo para la causa de las víctimas del
franquismo de buena parte de la opinión pública, y explica porqué Pedro Sánchez
ha tenido que hacer lo que ni siquiera se plantearon Felipe González o Rodríguez
Zapatero.
El presidente del Gobierno probablemente tiene la tentación
de utilizar electoralmente la exhumación, pero también de que este tema sirva
de cortafuegos a otras reivindicaciones memorialistas, y al cuestionamiento de
la impunidad del franquismo. Pero Rodríguez Zapatero intentó algo parecido con
la Ley de Memoria en 2007, y el resultado está a la vista.
Durante todo este proceso, ha sido noticia la labor
obstruccionista de los Franco y del prior contra la decisión del Gobierno, avalada
en el Parlamento casi por unanimidad, y además por la sentencia firme del Supremo.
Demuestra la necesidad urgente modificar el status jurídico del Valle.
El 25 de septiembre, Iñaki Gabilondo dijo que esto era un
final, pero disentimos: es sólo un avance en la lucha contra la impunidad del
franquismo. Seguimos exigiendo una solución integral y satisfactoria al Valle
de Cuelgamuros, que pase la desacralización, por el desmantelamiento de
simbología fascista y nacional- católica; la entrega a sus familias de los restos
secuestrados de los republicanos; la resignificación del Valle como lugar de
homenaje a los resistentes antifranquistas, a las víctimas, y especialmente a
trabajadores esclavos.
En los próximos meses tendremos que valorar la nueva
situación creada (junto con los resultados electorales y la composición del
próximo Gobierno). Y qué efecto tienen sobre el futuro del Valle tanto la
salida de los restos de Franco, como la indignación de una parte de la opinión
pública ante los continuos intentos de entorpecer el proceso.
La actuación provocadora e impúdica de los Franco y de sus
abogados, ha tenido la virtud de poner en candelero el tema del poder económico y político de la familia el
dictador.
Creemos
indispensable, a pesar de los 44 años de retraso, naturalizar una situación (la
rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador)
como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una
democracia. Estamos viendo recientemente lo que está pasando con la familia
Pinochet en Chile, con la Justicia del país exigiendo la devolución de fincas
irregularmente apropiadas y las cuentas bancarias en el extranjero.
Tendremos que plantear la constitución con efecto inmediato tras la conformación del Parlamento,
de una Comisión de investigación, que tenga necesariamente consecuencias
judiciales, con el fin de que investigue la herencia recibida por la familia
Franco tras la muerte del dictador; el
origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de
la familia Franco; que investigue todos los títulos de propiedad, así como los
documentos de adquisición, si los hubiere; que audite e investigue las
declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones
fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa; que
analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan
hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos; que investigue las actuaciones
de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento
patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas
de las que se han beneficiado.
Como especialmente grave valoramos la Resolución "Importancia de la memoria
histórica europea para el futuro de Europa " aprobada por el
Parlamento europeo el pasado 19 de septiembre: Todo un ejemplo de revisionismo
histórico, falsificación histórica y manifestación anticomunista. Constituye un
intento deplorable de equiparar el fascismo y el comunismo, minimizando y justificando
los crímenes del fascismo, silenciando
la responsabilidad de las grandes potencias
capitalistas con el surgimiento del fascismo en varios países europeos, y
al tiempo ocultando la lucha de los comunistas por la libertad de Europa en la Guerra
Mundial, o el papel que desempeñaron en
el avance de los derechos democráticos (políticos, económicos, sociales y
culturales) de los trabajadores y los pueblos.
Se llega a escribir en la
Resolución que "algunos países europeos han prohibido el uso de símbolos
tanto nazis como comunistas", instando a imitar el “ejemplo”. Tiene la
intención de allanar el camino para intensificar y generalizar la persecución y
la prohibición de los partidos comunistas, y arrastrar a otras fuerzas
progresistas y al movimiento sindical, como ha sucedido en varios estados
miembros, como Lituania, Estonia, Letonia o Polonia, entre otros, donde, junto
con la rehabilitación y la glorificación de los colaboracionistas con el
nazismo, se produce la destrucción de monumentos conmemorativos de la
resistencia antifascista o de las Brigadas Internacionales.
La Resolución tiene como consecuencia cuestionar los
Juicios de Nüremberg, cuya
jurisprudencia ha sido la pieza fundamental en la actual configuración del
Derecho Penal Internacional reconocido y codificado por las Naciones Unidas.
Cuando se constituyó
el Tribunal de Nüremberg se dieron
discusiones y problemas, que se solventaron con el Estatuto de Londres
1945: se dotó de argumentación para legitimar el hecho de actuar en nombre de toda
la Humanidad; asimismo definió los delitos a juzgar, agrupándolos en crímenes
contra la paz, de guerra y contra la humanidad.
Las dudas sobre la
legitimidad del Tribunal se centraban en la aplicación de la extraterritorialidad
sobre acusados alemanes, y la retroactividad juzgando delitos que no lo eran en
su momento en la legislación alemana, como las leyes raciales de Nüremberg, o las políticas eugenésicas, por ejemplo. Asimismo
es cierto que las potencias aliadas también cometieron crímenes: los bombardeos
británicos sobre población civil en objetivos no estratégicos (Dresde o
Hamburgo); matanzas soviéticas como Katyn y deportaciones de grupos étnicos
colaboracionistas de los nazis (chechenos y tártaros). Por no habla de Hiroshima
y Nagasaki.
En Nüremberg los jerarcas del régimen nazi fueron
condenados, entre otros crímenes internacionales, por conspiración y crímenes
contra la paz, declarando a la Alemania Nacionalsocialista como la única
responsable del inicio de la II Guerra Mundial. Cuestionar ahora a una de las
potencias aliadas (la 4ª parte del Tribunal) situando a los soviéticos al mismo
nivel que los nazis acusados y condenados, cuestiona el Estatuto, el propio
juicio y la sentencia. Y en consecuencia pone en entredicho la Justicia
Internacional y todo el sistema de derechos humanos.
Hemos sacado un comunicado, colgado en nuestra web, que
condena esta Resolución, e insta a los eurodiputados españoles que lo votaron o
se abstuvieron, a una rectificación pública.
No voy a repetir las
célebres declaraciones de hace unos días del concejal madrileño de Vox, o las
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no me resisto a calificar
sus palabras como expresión de maldad, de indigencia intelectual y de bajeza
moral.
Lo que los demócratas debemos preguntarnos es ¿porqué lo
hacen? Y la respuesta es sencilla: porque pueden. Cuando hablamos de impunidad
no sólo nos referimos a la impunidad penal de los criminales franquistas; O a
que la familia Franco pueda seguir disfrutando del producto del expolio y de la
corrupción.
También es impunidad que políticos de derecha y publicistas
de los mitos franquistas digan brutalidades similares, e incluso peores, que
las recientemente pronunciadas por Ortega y por Ayuso, sin consecuencias
penales ni políticas. Falsificar la historia y mentir sale gratis en España,
especialmente cuando se ataca a los defensores de la República, a los
luchadores antifranquistas, o a las víctimas de la dictadura...
Hemos estado analizando las posibilidades e intervenir
judicialmente, y los problemas y dificultades son enormes. La respuesta
política y judicial que como colectivos memorialistas y de víctimas tenemos que
dar, debe ser muy rigurosa, no poniendo en riesgo nuestros objetivos finales
por un minuto en un telediario. Si los juzgados no admiten o desestiman una
denuncia podemos obtener un precedente muy negativo. Un auto o una sentencia
contraria a nuestros intereses, puede acarrear consecuencias difíciles de
enmendar.
En 2007 un grupo de
personas de diferentes colectivos participamos en una denuncia contra Pío Moa,
por decir que: “Franco no liquidó a los rojos, los escarmentó”, y “Aquellos que
hoy defienden la Ley de la Memoria Histórica se identifican con los criminales,
los de las checas”. La denuncia llegó a la Audiencia Nacional debido a las
supuestas injurias al Gobierno, y en mayo de 2008 la archivó el juez Fernando
Grande Marlaska, por no apreciar que las declaraciones de Moa consistieran en
injurias, y que en todo caso éstas iban dirigidas a los “chequistas”, y no al
Gobierno.
Como venimos repitiendo desde el Encuentro Estatal de
Colectivos, la solución no es meramente judicial, sino fundamentalmente
política: sólo el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo a
partir de una Ley Integral de Víctimas, permitirá que, al igual que sucede con
las víctimas del terrorismo, aquellos que calumnien o menosprecien a los
víctimas del franquismo, puedan acabar condenados por un tribunal.
Nada más. Muchas
gracias.
