jueves, 1 de septiembre de 2011
martes, 23 de agosto de 2011
Antígona en Poyales del Hoyo
(Viñeta de El Roto, publicada en El País)Antígona en Poyales del Hoyo
En la tragedia "Antígona", de Sófocles, representada por primera vez en el 442 a.C., la protagonista entierra a su hermano, contraviniendo el mandato del rey Creonte quien ha ordenado que, como castigo por traición, su cadáver quede insepulto.
Desde la antropología se ha estudiado el carácter ejemplarizante que tiene la prohibición de enterrar un cadáver o la ocultación del lugar donde se ha realizado el enterramiento. La inhumación ilegal supone un modo de represión (castigo post-mortem) contra el represaliado; contra sus familiares, a quienes se estigmatiza y niega la posibilidad de cerrar el hecho luctuoso mediante los ritos funerarios; y como amenaza permanente contra el conjunto de la sociedad o del grupo humano al que pertenecía la víctima.
El pasado 30 de julio, en la localidad abulense de Poyales del Hoyo, se produjo la destrucción del monumento funerario donde descansaban los restos de diez represaliados del franquismo, que habían sido exhumados de dos fosas comunes clandestinas en 2002 y en 2010. Cuerpos y familiares que, tras décadas, por fin habían recibido un merecido descanso. No fue por obra de delincuentes o gamberros, sino del alcalde de la localidad y una jueza “de paz”.
El alcalde de Poyales, Antonio Cerro, del Partido Popular, ha justificado la acción por la petición de entrega de los restos por parte de una de las familias, y el mal estado de la fosa. Sin embargo, ello no explica porqué, en vez de reparar la fosa, se trasladaron los restos a un osario. Y sobre todo, porqué se destruyó el monumento funerario, que estaba coronado por una paloma de la paz y donde constaban los nombres de los diez asesinados.
La profanación de Poyales no es un caso aislado en la comarca del Valle del Tiétar: en los últimos meses podemos constatar insultos y amenazas, como en la inauguración del monumento a los fusilados republicanos en Candeleda, en febrero; el bloqueo con cadenas del cementerio de Pedro Bernardo para impedir un acto de homenaje a las víctimas del franquismo, el pasado mes de junio; las recientes agresiones al mausoleo de Candeleda y a la tumba de las tres mujeres asesinadas en el mismo pueblo y exhumadas en 2002.
Tales demostraciones de despotismo, deberían ser inconcebibles desde los valores humanos, y en nombre de la caridad cristiana que, se presupone es seña de identidad de quienes hacen gala de su religiosidad, pues no olvidemos que la jauría humana que el pasado domingo día 7 arremetía contra los concentrados ante el Ayuntamiento de Poyales, salía en su mayor parte de la misa dominical de las 12.
No podemos quedarnos en una mera condena ética del comportamiento del alcalde de Poyales y sus concejales, o referir que son "dignos" y directos herederos del "Quinientos Uno" y los otros pistoleros falangistas que hace 75 años impusieron el terror en el Valle del Tiétar, "por Dios y por España". Es preciso realizar una reflexión más de fondo. Por ejemplo, ¿se imagina alguien que un alcalde de Bildu profanase y destruyese una tumba de víctimas de ETA? ¿Qué estarían vociferando los que se autopublicitan hasta el hastío como demócratas, pero que hoy no condenan, e incluso justifican, la destrucción de la tumba de Poyales?
Y no es una cuestión de ser de derechas o de ser de izquierdas. Recientemente hemos visto cómo el Gobierno de Sarkozy asumía, en nombre del Estado francés, la responsabilidad de la deportación por parte del Gobierno colaboracionista de Vichy, de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, ofreciendo indemnizaciones a los herederos. O del proceso de reparación material y simbólica a los miles de trabajadores esclavos que fueron deportados para trabajar en Alemania durante la segunda guerra mundial; un programa de reparación inmenso en la cual participaron el Estado alemán, las empresas herederas de las que se beneficiaron de aquellas deportaciones, y las iglesias católica y protestante (alemanas). Todo ello culminado con un gran acto público de desagravio en el que participaron el presidente federal alemán y la canciller Merkel.
Uno de los principales problemas políticos de nuestro país es que la derecha autóctona no es antifascista. Estamos pagando, y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, la complacencia y permisividad de los demócratas durante la Transición con el franquismo, con sus símbolos; con el respeto al status social y económico de los beneficiarios de la dictadura; con la impunidad de los criminales. Lo que está pasando en el Valle del Tiétar y en otros lugares (y lo que nos espera: "cosas veredes amigo Sancho.."), es consecuencia directa de 35 años de políticas activas de olvido; y de trato equidistante entre fascismo y democracia.
Y si es grave el respaldo unánime de los dirigentes del Partido Popular al acto de barbarie cometido en Poyales, más preocupante aún es la tibieza del rechazo del resto de fuerzas políticas (salvo honrosas excepciones), y sobre todo la falta de reacción de las administraciones y de la Justicia, o el tratamiento dado al caso por los medios de comunicación, que han caricaturizado, reduciendo a una reyerta entre vecinos por una cuestión trasnochada, las agresiones y provocaciones de "los escuadristas" durante el domingo 7 de agosto.
Hace pocos años, un expresidente autonómico "progresista" declaraba que "estaba en contra de la memoria histórica porque era un presidente del futuro, y no del pasado", pero no tenía escrúpulos para inaugurar el nuevo Museo del Ejército invitando a combatientes de la División Azul. Esa política de equidistancia, de igualación entre la democracia y el fascismo, de no confrontar ideas, valores y principios con la derecha franquista (sea por conveniencia o cobardía), termina teniendo consecuencias inevitables: hoy, el personaje aludido es un expresidente del pasado sin futuro.
Si todo un presidente del Congreso de los Diputados -presuntamente progresista- utiliza todos los subterfugios posibles para eludir la condena del golpe militar del 18 de julio y de la dictadura franquista, ¿qué podemos esperar del alcalde "centrista" de Poyales del Hoyo?
Es conocida la frase de una de las Trece Rosas: "Que mi nombre no se borre de la historia". Ese es el sentido real de la destrucción del monumento del cementerio de Poyales por parte de Antonio Cerro: el fin último de la destrucción de los nombres es certificar la impunidad histórica de los asesinos y restaurar el manto de silencio, garantizando la pervivencia de la versión franquista de la historia. Volver a dejar claro que en esa guerra hubo vencedores y vencidos, que los sigue habiendo y señalando quién es cada uno. Y que lo que "ellos" conquistaron "a punta de pistola y crucifijo", convirtiendo España en un cenagal de sangre y en una inmensa prisión, es intocable por los siglos de los siglos. También deberíamos tener en cuenta los vínculos familiares de los verdugos de entonces, con algunos de los que hoy no están dispuestos a consentir que las víctimas reposen en los mismos lugares que los criminales.
El problema está no sólo en que se pueda profanar impunemente una tumba. La cuestión es que los monumentos a las víctimas del franquismo, el erigido en Poyales y los que permanecen, de momento, en otros lugares, son Lugares de Memoria privados, de los familiares y de los compañeros de las víctimas. No fueron construidos por el Estado para proporcionar referentes y señas de identidad democráticas a la sociedad española, incluso aunque pudieran haber sido financiados mediante subvenciones públicas. El Estado español, aplicando la Ley de Memoria, de acuerdo a un preámbulo que a modo de declaración de intenciones impone la memoria personal y familiar e intenta impedir la memoria democrática social y colectiva, se ha negado a establecer Lugares de Memoria democrática, donde se rinda homenaje público a los asesinados por defender la legalidad constitucional, y los valores que, se supone, son la base de nuestro modelo político y social.
La destrucción del monumento de Poyales representa, a escala local, la impunidad de los verdugos y la manifiesta indefensión de las víctimas del franquismo.
A día de hoy, las víctimas del franquismo no existen, jurídicamente hablando. Sus familiares (un colectivo que afecta a muchos miles de personas) se encuentran en un estado de flagrante indefensión legal, como ha dejado patente la "resolución" del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el juez Garzón. Al mismo tiempo, la pervivencia de docenas de miles de conciudadanos enterrados en fosas comunes clandestinas, no es reconocida por el Estado español dentro del tipo jurídico de desaparición forzada (crimen contra la humanidad), ni está dispuesto a asumir las responsabilidades que le corresponden según los acuerdos internacionales que ha firmado y que constitucionalmente tendrían que formar parte del ordenamiento interno. Todo ello pone en cuestión la propia esencia del Estado de Derecho.
Con la destrucción de la fosa de Poyales nuestros diez compañeros, rescatados del olvido en 2002 y 2010, pero ignorados por la justicia, han vuelto a ser otra vez, desaparecidos. Y se ha creado un peligrosísimo precedente. ¿Alguien piensa hacer algo para impedirlo, o continuaremos cautivos y desarmados?
Arturo Peinado. Federación Estatal de Foros por la Memoria
Agosto de 2011
Estado aconfesional e Iglesia católica, por Marc Carrillo en El País
Viñeta de Manel Fontdevilla, Público 20 de agosto de 2011Estado aconfesional e Iglesia católica
MARC CARRILLO 23/08/2011
El entorno que ha rodeado a la organización de la visita a Madrid del jefe del Estado vaticano, Joseph Alois Ratzinger, obliga, una vez más, a reflexionar sobre el alcance de las previsiones constitucionales acerca del carácter aconfesional del Estado, por el que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y de que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones" (art. 16.3). En una visita en la que, según ha informado este mismo diario, se han expuesto textos religiosos del rito católico en las fachadas de organismos públicos del Gobierno central y del autónomo. Además, la sede del Ayuntamiento ha servido como vestuario de miles de sacerdotes para celebrar una misa. También, a fin de acoger la visita de Benedicto XVI y los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud, se han cerrado al tráfico durante siete días parte del centro de la ciudad, todo lo cual se ha justificado por la condición de líder espiritual del monarca absoluto del Vaticano, del que muchas personas "van a escuchar un mensaje de esperanza en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo".
Pero como resulta que, con sus luces y sombras, vivimos en una sociedad democrática, resulta ser que ante la visita del líder católico, también se han movilizado otros sectores de la sociedad que se han expresado críticamente respecto de la visita bajo el lema "De mis impuestos, al Papa cero. Por un Estado laico", propugnando la eliminación de los privilegios jurídicos, simbólicos, políticos, fiscales y económicos de los que goza la Iglesia católica. Ante tales reproches, miembros de la jerarquía católica han calificado de "paletos" a quienes los formularon; de "parásitos" a los convocantes de una manifestación crítica con la concentración, a los que además consideran depositarios "de una laicidad radical y un secularismo peligroso para la moral". Ciertamente, es una forma de libertad de expresión que ha de ser garantizada. No parece, sin embargo, que también lo sea de la tolerancia que algunos predican del catolicismo. En todo caso, es un derecho fundamental inalienable que, como es el caso, también sirve para retratar a algunos.
En este contexto, una de las cuestiones que vuelve a plantearse es hasta qué punto el poder público puede comprometer su relación de colaboración con la Iglesia católica, como ha sido ahora el tener el centro de Madrid bloqueado al tráfico regular durante una larga semana, en la que edificios públicos han hecho ostentación de mensajes religiosos, que por muy respetables que sean forman parte de las creencias privadas de un sector de la población que, en ningún caso, pueden implicar al Estado, que por prescripción constitucional carece de adscripción religiosa. Razón por la cual, un edificio público no puede expresar mensajes religiosos porque su carácter representativo de todos los ciudadanos impide a sus gestores utilizar el espacio físico del edificio para hacer ostentación de credo alguno. El mismo argumento ha de servir para rechazar prácticas que se siguen realizando en la actividad de determinados poderes públicos, como es el caso de los funerales de Estado bajo el rito católico, o las tomas de posesión de altos cargos con presencia de símbolos religiosos como el crucifijo, o la celebración de misas en centros públicos con motivo de determinadas festividades. La aconfesionalidad del Estado excluye a cualquier credo religioso y sus símbolos de la actividad regular de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
De acuerdo con esta premisa, el genérico deber constitucional de cooperación del Estado con las diversas confesiones religiosas y en especial con la Iglesia católica, ha de ser entendido -de acuerdo con el profesor Ruiz Miguel- como un deber general de facilitación de medios, pero no de incentivación de estos. Facilitar los medios a un credo religioso para el ejercicio de la libertad religiosa se concreta en la acción de los poderes públicos destinada simplemente a allanar o posibilitar la realización de la libertad, pero sin ir mucho más lejos y, por supuesto, sin comprometer al poder público con los contenidos de la creencia religiosa. Por el contrario, concebir la cooperación como una forma de incentivación de conductas a las que los ciudadanos pueden ser opuestos -lo cual es una lógica consecuencia en una sociedad basada en el pluralismo- comporta una implicación o compromiso del Estado con determinados valores religiosos, que supone indefectiblemente la lesión de los derechos de libertad religiosa y libertad ideológica de los ciudadanos que no participan del credo religioso que el poder público se dedica a incentivar. Algunos de los ejemplos aquí citados con motivo de la concentración católica de Madrid, como los mensajes en edificios públicos o el uso de dependencia municipales, están en las antípodas del Estado aconfesional que proclama la Constitución.
Aunque ello no puede sorprender tras la pervivencia de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, que consagraron un conjunto de privilegios para la Iglesia católica, con clara vulneración del principio constitucional de neutralidad del Estado en materia religiosa, a favor de una confesionalidad soterrada.
jueves, 18 de agosto de 2011
A hostias. Por Jesús Gómez Gutiérrez
A hostias
Artículos de Opinión | Jesús Gómez Gutiérrez | 18-08-2011 |
Es una hipótesis descabellada: al día siguiente de que un ateo prepare un atentado contra una manifestación de creyentes, un grupo de ateos sabotea una manifestación de creyentes y la policía carga contra los creyentes. Es descabellada se mire por donde se mire. En primer lugar, porque no son los ateos los que suelen organizar atentados; de hecho, la historia de las religiones es, en esencia, una historia de asesinatos y masacres en nombre de Dios. En segundo, porque no son los ateos los que suelen sabotear manifestaciones; de hecho, el grupo social más perseguido en todo el planeta es el suyo. En tercero, porque la policía suele ser la policía de los creyentes; al fin y al cabo, Dios es un negocio.
Anoche, en Madrid, sufrimos la única historia posible, la única verosímil: que un creyente prepare un atentado contra una manifestación laica, que un grupo de creyentes saboteen una manifestación laica y que la policía cargue contra los laicos. Es lo normal. Lo de todos los días. Tanto si gobierna la caspa nacionalcatólica como si gobierna ese club de nuevos aristócratas que se llaman socialistas. Tenemos un rey nombrado por un dictador que mató a cientos de miles de personas con el apoyo de la Iglesia católica; tenemos una Constitución surgida de un acuerdo con los asesinos de la cruzada nacional; tenemos un marco jurídico que impide cualquier desviación del camino trazado, tanto en lo político como en lo religioso. Si alguien cree que en el Reino de España se puede separar Iglesia y Estado, es que no ha entendido de dónde viene el reino ni dónde están los límites del régimen.
A estas horas, las calles de Madrid vuelven a ser propiedad de una amalgama de despistados, aprovechados y fundamentalistas con crucifijos. Pero no lo serán por mucho tiempo. Cuando se acabe el dinero público que ha pagado sus vacaciones, se marcharán a sus países y las calles de la ciudad volverán a ser las de costumbre, poco amigas de la superstición. Nosotros no podemos hacer gran cosa para que la base social de las derechas, eminentemente católica, despierte y empiece a quitarse las cadenas; pero podemos hacer bastante para que la base social de la izquierda, eminentemente laica, pase factura al otro responsable directo de lo sucedido ayer, el PSOE. Que los socialistas se queden con su policía y su concordato con la Iglesia, peor que el del franquismo. Veremos cuántos votos sacan a hostias.
domingo, 10 de julio de 2011
Rubalcaba y Zapatero o la cuadratura del círculo, por Juan Torres López
10/07/11
El vicepresidente del gobierno que suprimió el impuesto sobre el patrimonio deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que va a establecer el impuesto sobre el patrimonio.
El vicepresidente del gobierno que hizo el recorte de derechos sociales más grande de la democracia deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que lo suyo es "la igualdad de oportunidades".
El vicepresidente del gobierno que se puso de acuerdo con el Partido Popular para no cambiar una ley electoral que chirría con la democracia deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que va a cambiar la ley electoral para que haya más democracia.
El vicepresidente de un gobierno que ha reducido la carga fiscal de los bancos y del gran capital y que hizo oídos sordos cuando los propios inspectores del Banco de España denunciaban la irresponsable acumulación de riesgo de los bancos, o que ha votado en el parlamento varias veces contra la dación de pago, deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "habrá que pedirles a las cajas y a los bancos que den una parte de sus beneficios para la creación de empleo".
El vicepresidente de un gobierno que en cuanto comenzó la crisis renunció a todos los de por sí escasos avances en materia de igualdad de género (incluso lo que estaba obligado a realizar por mandato legal como el permiso de paternidad) y que liquidó el Ministerio de Igualdad deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que hay que acabar con "la intolerable brecha salarial entre las mujeres y los hombres" y que a él "le gusta el contrato a tiempo parcial, creo que debemos incentivarlo", cuando esa es la forma con que se está procurando que las mujeres entren por la puerta de servicio en el mercado de trabajo..
El vicepresidente de un gobierno que no ha evitado que los salarios, y por tanto el poder adquisitivo de los trabajadores, hayan dejado de disminuir desde que tomó posesión, que va a regalar las cajas de ahorros al capital privado o que va a privatizar empresas públicas a bajo precio deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "tenemos que estar ahí para asegurarnos que los españoles no pierden ni un solo euro".
El vicepresidente de un gobierno que ha dejado que los especuladores apenas tributen manteniendo las SICAV o que el impuesto sobre la renta llegue hasta el 45% en el tipo de gravamen sobre las rentas del trabajo mientras mantiene uno tipo proporcional del 19-21% para las ganancias de capital en bolsa, intereses financieros, etc. deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "tenemos que defender a los que progresan con esfuerzo y no a los que lo hacen especulando y engañando".
El vicepresidente de un gobierno que acaba de votar hace unos días en el Congreso de los Diputados contra de la persecución contra las grandes fortunas y los paraísos fiscales, contra la necesidad de hacer público el listado de denunciados por delito fiscal, de aplicar un gravamen especial sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales en la normativa del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades o de prohibir a las entidades bancarias españolas tener filiales o sucursales en ellos, deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "es intolerable, es indecente, es absolutamente inmoral que el mundo viva con los paraísos fiscales" y que hay que acabar con ellos.
El vicepresidente de un gobierno que se puso de acuerdo con el Partido Popular para endurecer y dificultar la presentación de iniciativas populares o candidaturas no partidarias a las elecciones deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "no es razonable que los ciudadanos solo se pronuncien cada cuatro años".
El vicepresidente de un gobierno que cambió de la noche a la mañana en mayo de 2010 la política y sus principios de gestión sin consultar a sus votantes ni ofrecer resistencia alguna deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que esos principios "siempre los hemos mantenido".
El vicepresidente de un gobierno que ha dado miles de millones a la banca sin exigir el más mínimo control deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "si el Estado pone dinero tiene que estar ahí para gestionar bien ese dinero, para asegurarse que va realmente para aquello para lo que se destina que es el saneamiento".
El vicepresidente de un gobierno cuyo presidente afirma que "bajar impuestos es de izquierdas" y cuyo ministro de economía Pedro Solbes afirmaba que su principal orgullo era "no haber aumentado el gasto público" deja un día el gobierno y al siguiente se presenta como candidato a presidente del gobierno diciendo que "no voy a acordar nada que debilite nuestro sistema de salud. Y nada es nada", sin explicar cómo piensa cuadrar ese círculo.
Y al acabar este discurso del nuevo candidato, al presidente del gobierno que ha hecho todas esas cosas, José Luis Rodríguez Zapatero, le preguntan su opinión estas promesas totalmente contrarias a lo que él ha hecho, según ha dicho en varias ocasiones con plena convicción, y afirma que le parece "magnífico".
A mí me gustaría creer que Rubalcaba va a hacer todas esas cosas, que no llevará a cabo lo que hasta ahora ha realizado en el gobierno y que conducirá a España por la senda contraria a la que ha transcurrido cuando él ha sido vicepresidente. De verdad que me gustaría creerlo y creer también que para ello no se rendirá vergonzantemente y en silencio ante los poderes financieros, como ahora, sino que será valiente y que se enfrentará a ellos con dignidad y decisión.
De verdad que me gustaría creerlo, pero es que no puedo. No puedo creer que alguien pueda tener un cambio tan radical de opinión de un día para otro. O se engañaba a sí mismo estando en ese gobierno o nos está engañando ahora.
Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla
miércoles, 6 de julio de 2011
Subvenciones a los sindicatos. Por Francisco Javier López
Artículo de opinión de Javier López, secretario general de CCOO de Madrid
01-07-2011. A raíz de los ataques permanentes de los poderes económicos, políticos y mediáticos contra los sindicatos, utilizando argumentos recurrentes como el dinero que se embolsan en concepto de subvenciones, son no pocos los que me han pedido que escriba sobre este tema.
Un artículo elaborado por nuestra Federación de Servicios Financieros y Administrativos me brinda la oportunidad de dar respuesta a estas demandas, partiendo del hecho de que la Constitución Española reconoce a los sindicatos de trabajadores el derecho a constituirse, participar en las políticas públicas y en la planificación económica del Gobierno. Los sindicatos, en función de su representatividad, representan a sus afiliados, pero también al conjunto de los trabajadores. Las elecciones sindicales permiten determinar la representatividad de cada sindicato, cosa que no ocurre con las organizaciones empresariales, en las que no hay elecciones libres.
CCOO ha ganado en las elecciones sindicales el derecho a participar en la negociación de la gran mayoría de los convenios colectivos que regulan los derechos y condiciones de trabajo en las empresas.
Los sindicatos reciben del Estado por esta acción sindical que desarrolla las leyes y las adapta a cada sector y empresa 15,7 millones de euros. Hablamos de más de 4.000 convenios y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.
Las organizaciones empresariales, todo hay que decirlo, reciben ayudas similares. Los partidos políticos reciben 84,4 millones de euros, la Casa Real 8,9 millones y la Iglesia Católica, sin reconocimiento constitucional en un Estado laico, recibe 252 millones de euros.
Las asociaciones juveniles reciben 7,8 millones. La Federación Española de Futbol 4,8 millones. Las empresas privadas de prensa escrita y las televisiones privadas reciben 360 millones de euros, el cine español 89,6 millones de euros.
Los curas que trabajan en instituciones públicas como hospitales, cárceles y el ejército, reciben lo mismo que los sindicatos, 15 millones de euros.
Los profesores de religión nos cuentan 600 millones de euros y las subvenciones a los toros 564 millones de euros, aunque sólo merecen el interés del 28 por ciento de los españoles.
No parece mucho, así pues, la cantidad que reciben los sindicatos. Sin embargo siguen abundando los ataques, según los cuales, los sindicatos están comprados y no defienden los intereses de los trabajadores.
Veamos el caso de CCOO. Los más de 1.200.000 afiliados y afiliadas, con el pago de las cuotas, cada mes, aportamos 118 millones de euros cada año al sindicato. Los servicios jurídicos para afiliados y no afiliados, apartan unos 20 millones de euros. Las subvenciones del Estado no llegan a suponer ni el 10 por ciento del total de nuestros ingresos.
Los poderes económicos, salvados de la crisis por el Estado. Los poderes políticos que mantienen sueldos públicos, subvenciones públicas y una corte injustificable de cargos a dedo, asesores, gabinetes, etc. Los poderes mediáticos, que viven de la subvención y la publicidad de las Administraciones públicas, saben todo esto, conocen la realidad.
Pero siguen atacando a los sindicatos, porque saben que son la barrera más sólida para frenar la avaricia, la especulación, la corrupción y los cambios que pretenden introducir para, a base de ajustes y recortes, hacer pagar a los trabajadores y sus familias, el coste de la crisis.
Para ello no dudan en utilizar dos tácticas muy ensayadas por los regímenes totalitarios, autoritarios y fascistas: "Las grandes masas sucumben más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña", "una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad".
Nosotros elegimos cada día caer o no caer en esta trampa.
sábado, 18 de junio de 2011
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