"Mario Vargas Llosa, ¿defensor de los derechos humanos y de la libertad?", por Vicenç Navarro

Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 18 de octubre de 2010

Una característica de gran número de políticos, periodistas o escritores que dicen promover la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y otros continentes es su selectiva interpretación de lo que son los derechos humanos. Sus preocupaciones se centran exclusivamente en los derechos humanos de los disidentes en países con gobiernos con los que tales supuestos defensores de los derechos humanos están en desacuerdo. Con ello, están utilizando el noble concepto de derechos humanos para sus intereses políticos. Un ejemplo de ello es el recientemente galardonado Premio Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Tal autor ha estado utilizando la causa de los derechos humanos para agredir verbalmente a los gobiernos venezolano, boliviano, ecuatoriano, cubano, argentino, brasileño, entre otros, todos ellos gobernados por partidos de izquierda o centro izquierda. Me parece muy bien, e incluso loable, que se critiquen comportamientos represores de los derechos civiles de los ciudadanos de aquellos países cuando ello ocurra. Pero lo que es denunciable es la enorme selectividad y sesgo en tales denuncias. Vargas Llosa raramente incluye entre sus críticas a gobiernos conservadores y neoliberales. El asesinato de más de 2.000 personas falsamente acusadas de terroristas por las fuerzas armadas del gobierno Uribe en Colombia, y la brutal represión que está existiendo en Honduras, nunca ha sido sujeto de crítica por parte de tal autor. La violencia que ocurre en Venezuela sí que ha sido criticada. La que tiene lugar en Colombia (el país del mundo donde se asesinan más sindicalistas) nunca ha sido criticada. Y así un largo etcétera. Su sensibilidad hacia los derechos humanos ha tenido siempre una coloración política, definitiva y clara. Ha estado siempre puesta a disposición de una sensibilidad política, reproduciendo la guerra fría. Este sesgo claramente político conlleva, pues, una interpretación muy reduccionista de lo que son derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, incluye como tales, no sólo los derechos políticos y civiles (los derechos derivados de la libertad de organización y de opinión), sino también los derechos económicos y sociales, tales como el derecho al trabajo, a un salario justo, a la salud y a la educación y a la seguridad social que, en gran manera condicionan la existencia, a su vez, de los derechos políticos y civiles. En realidad, es difícil hablar de los segundos independientemente de los primeros. Y un ejemplo de ello es EEUU, donde la enorme concentración de las rentas y de la propiedad dificulta enormemente la expresión democrática, pues tanto los medios de comunicación como los órganos representativos están claramente controlados (los medios) e influenciados (el Congreso Estadounidense) por los grupos económicos, enormemente poderosos, que limitan tales derechos. El Presidente Obama de EEUU ha alertado, con razón, de las enormes limitaciones que comporta para la democracia de aquel país la enorme influencia que los lobbies económicos y financieros tienen sobre las instituciones representativas estadounidenses y sus derechos políticos y sociales.

La evidencia existente y documentada en la literatura científica muestra claramente que la enorme concentración de la riqueza económica dificulta el desarrollo de la democracia pues, en cualquier país, poder económico se traduce en poder político. Esta traducción se hace a través (entre otros instrumentos) de los medios de información y persuasión que, controlados por tales grupos, configuran los parámetros dentro de los cuales tiene lugar el supuesto debate y competitividad política. No es, pues, de extrañar que todos los gobiernos de centro izquierda e izquierda en aquellos países latinoamericanos tengan enfrentamientos con los poderes mediáticos en sus intentos de diversificar las ofertas mediáticas muy limitadas y reducidas existentes en aquellos países. La supuesta “defensa de la libertad de expresión” es, en realidad, en muchos de aquellos países la defensa de monopolios mediáticos e informativos que dificultan enormemente la expresión y desarrollo democrático.

Presentarse, pues, como defensores de los derechos humanos, sin nunca referirse a los derechos económicos y sociales es un sesgo que refleja una enorme insensibilidad hacia el hecho evidente de que los derechos políticos están claramente determinados por los derechos económicos y sociales. Y los países de Latinoamérica son un claro ejemplo de esta realidad. Aquel continente se caracteriza por tener las desigualdades de riqueza más acentuadas del mundo, lo cual explica la escasez de sistemas democráticos en la historia de aquel continente y las enormes limitaciones de tales sistemas. Ni que decir tiene que en aquellos países donde hay democracia, existe competitividad política, pero tal competitividad está tan desequilibrada, con gran escasez de recursos para las opciones de izquierdas frente al gran apoyo de bloques económicos y mediáticos de las derechas, que tal competitividad toma lugar predominantemente entre partidos de derechas (conservadores versus liberales) con escaso espacio democrático para las izquierdas. Las últimas elecciones en Colombia son un reflejo de ello.

De ahí se deriva que la expresión libertad tiene significados muy distintos según el grupo y la clase social que la utiliza. Como bien dijo el Presidente Abraham Lincoln de EE.UU., “En teoría todos declaran su amor a la libertad. Pero la libertad de la clase de propietarios no es la misma que la libertad de los que trabajan para los propietarios. Y las instituciones del estado favorecen sistemáticamente el entendimiento que de la libertad tienen los primeros a costa de los segundos”. Esto ocurre no sólo en América Latina, sino en la mayoría de países incluyendo EEUU. Como dijo recientemente Richard Trumka, el Secretario General de los Sindicatos estadounidenses (AFL-CIO), “Si un trabajador al salir de una fábrica conduce su coche con imprudencia y atropella al dueño de la fábrica, es probable que pierda el carnet de conducir y vaya a la cárcel, además de pagar una elevada multa. Pero si el dueño de la fábrica daña la salud de sus 500 trabajadores por utilización imprudente de productos nocivos, casi nunca perderá su licencia de dirigir la empresa, y nunca le enviarán a la cárcel. Y es probable que, incluso, no reciba una multa”. Dentro de este marco, ¿de qué derechos humanos y de que libertad habla Mario Vargas Llosa? Es importante y necesario que se denuncien las violaciones de los derechos humanos y la reducción de la libertad donde ello ocurra. Pero esta denuncia pierde credibilidad cuando se expresa selectivamente en contra de ciertos estados y cuando se escogen unos derechos a costa de otros tan o más importantes que los que Mario Vargas Llosa escoge como motivo de su atención.

Comentarios sobre el artículo de Javier Cercas, laudatorio de Mario Vargas Llosa
Una última observación. Escribí este artículo que el lector acaba de leer el pasado viernes. Siempre lo escribo el viernes para que mi columna aparezca el lunes. Pero al leer el artículo de Javier Cercas sobre Mario Vargas Llosa, escrito ayer, domingo día 17 de octubre, titulado “La Izquierda y Vargas Llosa”, me siento en la necesidad de comentarlo, pues su tono, predeciblemente halagador de Mario Vargas Llosa, va acompañado de una serie de observaciones, algunas insultantes, sobre las izquierdas, que merecen una respuesta.

Pero primero analicemos los halagos. Cercas repite el aplauso a Vargas Llosa por “nadar contra corriente”. Tal frase parece indicar que sus ideas han sido siempre contrarias a las estructuras de poder político y mediático en América Latina y en el mundo, lo cual es fácilmente demostrable que no ha sido el caso. Antes al contrario, Mario Vargas Llosa ha sido el portavoz del neoliberalismo que ha sido la ideología y el proyecto promovido por las estructuras del poder en América Latina y EEUU durante los últimos treinta años. Sólo hace unos pocos años que gobiernos de izquierda han roto con tal ideología. Las amplias cajas de resonancia que Mario Vargas Llosa tiene en aquellos continentes se deben a su continua hostilidad a estos gobiernos de izquierda, no a las fuerzas político-económico- intelectuales dominantes en ellos.

En el mismo tono laudatorio poco creíble, Cercas añade que Vargas en defensa de los derechos humanos nunca se ha servido de ellos. ¿Cómo explica Cercas, la selectividad en su defensa de los derechos humanos, que excluye a aquéllos próximos a él por su ideología? Igual de errónea es su aseveración de que Mario Vargas Llosa siempre separa –según Cercas- la crítica de las ideas de las críticas a las personas, añadiendo que “Vargas Llosa nunca considera que un hombre equivocado es un hombre inmoral”. Tengo que admitir que tuve que leer esta frase dos veces. Le aconsejo a Cercas que lea los artículos y escrito de Vargas Llosa sobre Chávez, sobre Evo Morales y sobre Fidel Castro. Inmoral es el término más amable que Vargas Llosa utiliza para definirlos. Uno puede estar en desacuerdo con las políticas e incluso con las personas a las que Mario Vargas Llosa critica, pero debiera haber límites en cuanto a la manera que esta crítica se expresa, límites que Vargas Llosa y otros pensadores neoliberales han traspasado con creces.

Por último, Cercas, no sólo alaba acríticamente a Vargas Llosa, sino que de una manera condescendiente aconseja a las izquierdas que aprendan de Vargas Llosa e incorporen en su ideario elementos de su filosofía. No sé a que izquierdas se está refiriendo Cercas, pues tanto en Latinoamérica como en Europa hay una gran diversidad de izquierdas. Pero si las izquierdas gobernantes en Europa están en profunda crisis, se debe precisamente a haber ignorado –como Vargas Llosa ha hecho siempre- que los determinantes de los derechos civiles y políticos son –tal como he indicado en este artículo- los derechos básicos económicos, laborales y sociales. Este olvido ha facilitado su transformación en partidos socioliberales que han causado su ruina electoral. Al revés que lo que sugiere Cercas, le aconsejo a las izquierdas que estén tan lejos como sea posible del neoliberalismo, eliminando sus valores dentro de sus proyectos políticos.

http://www.vnavarro.org/?p=4811

Las "damas" del cheque en blanco con el terrorista internacional Posada Carriles

El vuelo 455 de Cubana 455, el cual se dirigía desde la isla de Barbados a la de Jamaica -con destino en la capital cubana de La Habana- fue destruido en un atentado terrorista que tuvo lugar el 6 de octubre de 1976. Las 73 personas a bordo de la aeronave, un Douglas DC-8 de fabricación estadounidense, resultaron muertas en el hasta entonces peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental. En el luctuoso hecho se utilizaron dos bombas, descritas como dinamita o explosivo C-4.

La evidencia posterior implicó a varios individuos anticastristas del exilio cubano que tenían vínculos con la CIA, además de algunos miembros de la policía secreta venezolana de aquel entonces (la denominada Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP). Además, el hecho tuvo rápidamente implicaciones políticas internacionales cuando el gobierno cubano acusó, aunque sin pruebas en concreto, al gobierno de los Estados Unidos de complicidad en el ataque.

Documentos de la CIA recién desclasificados en 2005 indican que esa agencia estadounidense “tenía inteligencia concreta de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados, de atacar con una bomba un avión de línea de Cubana”. Por su parte, el antiguo agente de la CIA Luis Posada Carriles negaría haber estado personalmente involucrado en el atentado, pero no obstante proveería varios detalles del mismo en su libro de 1994 Los caminos del guerrero.

Cuatro hombres fueron arrestados en relación al atentado, y se realizó un juicio al respecto en Venezuela: Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano fueron sentenciados a 20 años de prisión, pero Orlando Bosch fue finalmente absuelto debido a defectos técnicos en la consecución de las pruebas o evidencia por parte de la fiscalía y ahora vive en la ciudad de Miami, la capital del exilio cubano (al sur del estado de la Florida). Por su parte, Luis Posada Carriles estuvo detenido durante ocho años mientras aguardaba una sentencia definitiva, pero eventualmente logró huir. Con posterioridad ingresó a los Estados Unidos, donde estuvo detenido por haber ingresado ilegalmente a su territorio, siendo liberado el 19 de abril de 2007.

Más sobre el terrorista Posada Carriles:
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Posada_Carriles

Venezuela y Cuba como munición, por Pascual Serrano. Hoy en Público

PASCUAL SERRANO

Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile.

Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos.

Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia.
El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española.

En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia.

Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales.

La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda.
Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales.

La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española.

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación’
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1877/venezuela-y-cuba-como-municion/

"PRISA, de Caracas a Moncloa", del Blog de Hugo Martínez Abarca

Como último recurso, en esta columna se podría criticar la línea editorial del propio periódico, con TDT o sin TDT. Por desgracia, resulta inviable. Porque el columnista comparte, en el caso que nos ocupa, la línea editorial.

Enric González, Culpables


Enric González, una de las personas más independientes que se pueden encontrar en El País, dice que comparte la línea editorial del grupo PRISA sobre la TDT. Es perfectamente legítimo. Yo no tengo postura sobre la TDT de pago: no es mi negociado, no tengo ni idea. Pero aunque la tuviera admitiría otras en contra, cómo no, si son honestas y razonadas.

El problema no es lo que opina el grupo PRISA sobre la TDT, aunque en un mundo ideal, un medio de comunicación debería confesar a sus lectores que tiene intereses en el asunto y que por tanto no va a ofrecer línea editorial ya que ésta no podría ser independiente. Ese mundo y el real no tienen nada que ver, así que, asumamos que PRISA (o cualquiera) pueda estar en contra de cómo ha gestionado el Gobierno el asunto de la TDT de pago (IU ha votado en contra, así que por aquí deberíamos estar de acuerdo con la línea editorial de El País, ¿no?).

El problema no es que PRISA esté en contra de la TDT de pago, siquiera por estar interesada en el asunto. El problema es que condicione siempre toda su línea editorial a los intereses de la empresa. Los medios de PRISA no criticaron la política económica del gobierno hasta que éste aprobó la existencia de TDT de pago por Decreto-Ley. Aprueban o desaprueban la reelección de presidentes en América Latina siempre coincidiendo con si se respetan o no los intereses económicos del grupo.

Uno puede criticar a Chávez, ¿cómo no? O criticar la política económica del gobierno. O pensar que Miguel Sebastián es un zoquete. El problema no es qué opine el grupo PRISA sino que cada vez es más evidente que demasiadas de sus opiniones no vienen dictadas por el análisis de cada asunto, sino por unos intereses empresariales a cuyo servicio se pone la línea editorial de sus medios.

Cuando se llega a este extremo de obscenidad se ha dejado de ser un medio de comunicación para ser simplemente el instrumento de chantaje económico al poder político. ¿Quieres que PRISA apoye tus violaciones de derechos humanos? Concédele un canal de televisión en el país que gobiernes. ¿No quieres que PRISA te llame dictador? Pues no retires el monopolio de los libros educativos a Santillana. (Cuando me enteré del voto en contra de IU, me pregunté si Público abandonaría su habitual amabilidad hacia IU: intuyo que no, pero sólo es una intuición).

AEste medio día han sido sonrojantes los diez minutos que dedicaron en el informativo de la SER a humillar a Miguel Sebastián por no someterse a los dictados de PRISA. Al oírlo, lo único que sentí fue una leve (levísima) simpatía por Sebastián y mucha lástima por el prestigio hecho girones de la periodista que aceptaba firmar el encargo.

El problema no es la línea editorial, compartible o no, de tal o cual fenómeno. El problema del grupo PRISA es la absoluta desconfianza que se ha labrado: uno lee los editoriales de El País pensando qué intereses habrá detrás incluso cuando coincide con ellos. Con Enric González discrepo muchísimas veces. Pero se cree lo que escribe, porque muchas veces escribe cosas que le son muy incómodas, como darle la razón a su empresa. Enric González ha llegado a la misma conclusión que su empresa en el asunto de la TDT de pago, pero por caminos totalmente distintos.

http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/archives/2900

El periódico El País miente sobre Venezuela, TerceraInformación, hoy

El diario no puede ocultar los intereses que sus dueños tienen en Venezuela
Gonzalo Sánchez - TerceraInformación | 31-08-2009

Desde hace algunos años, el periódico El País, anteriormente considerado de izquierda, se posiciona junto con la derecha en sus informaciones sobre los gobiernos progresistas de América Latina.

Los intereses que los gobiernos de izquierda a los que El País suele atacar tienen al pueblo como beneficiario y no a las empresas que conforman el emporio del Grupo PRISA. Las nacionalizaciones de los recursos naturales, el retiro de los libros de la Editorial Santillana de la educación pública, las concesiones de licencias de medios de comunicación al pueblo y no a sus empresas o el incremento de derechos laborales que ha favorecido un beneficio menor a las compañías en favor de los trabajadores, ha propiciado que desde las hojas de El País se ataque visceralmente, y hasta personalmente, a quienes dirigen esos gobiernos.

El rotativo español ha cosechado debido a esta actuación varias denuncias y ha sido acusado de no respetar el derecho a réplica de sus lectores, llegando incluso a rechazar en varias ocasiones publicar las cartas que la embajada de Venezuela en España le ha hecho llegar.

Ayer, El País volvió a tergiversar. Esta vez manipularon las declaraciones de la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega, para finalmente acabar acusando al Gobierno de Venezuela de prohibir las manifestaciones en su contra.

Según el titular de El País “Protestar en Venezuela será delito” ya que “La fiscalía procesará a los ciudadanos que se manifiesten contra el Gobierno”.

Estas aseveraciones las sustenta el periódico en unas declaraciones de Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela. Según El País, «la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que "por cualquier motivo marchan" y que, en su opinión, sólo buscan "desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo". "Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo Ortega, mientras moderaba su programa de radio En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.»

El diario español saca de contexto las declaraciones ya que no cuenta en ningún momento que Luisa Ortega se está refiriendo a los hechos violentos que la oposición provocó al romper la barrera de seguridad mientras marchaba por las calles de Caracas en una manifestación con recorrido legalizado por autoridades bolivarianas contra la Ley Orgánica de Educación, que entre otras cosas garantiza la gratuidad de ésta en todos los niveles académicos y la laicidad en la educación.

Los manifestantes opositores rompieron la valla de seguridad que marcaba el fin del recorrido legalizado y lanzaron botellas y piedras a la Policía Metropolitana.

Las declaraciones de la Fiscal General fueron “Anuncio que el Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales.” Refiriéndose a quienes protagonizaron los hechos violentos en la manifestación contra la LOE el pasado 22 de agosto.

Entre las declaraciones de la Fiscal General es imposible encontrar alguna que se refiera a que no se van a poder manifestar quienes opinen contrariamente al Gobierno Bolivariano sino que no se permitirán actos violentos, “yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias.”

El País ha llegado al extremo de defender expresiones violentas con tal de atacar a quien considera su enemigo. En ningún momento se ha dicho que los contrarios al gobierno serán procesados, sino quienes cometan actos violentos.

El País apoya que se expresen las opiniones mediante la violencia en Venezuela a juzgar por sus informaciones. El periódico denuncia que ya hay once personas “entre rejas” arbitrariamente: “según el criterio” de Luis Ortega. Para el rotativo español no importa que se salieran violentamente del recorrido legalizado y atacasen a la Policía Metropolitana, si son contrarios al Gobierno que preside Chávez deberían estar por encima de la ley.

El diario nombra a Antonio Ledezma, alcalde de la Alcaldía Mayor de Caracas, pero sólo para hacer constancia de que los detenidos tienen de la condición de opositores y por tanto reforzar la idea de que son perseguidos políticos. Por desgracia a El País se le olvidó mencionar que casi 6.000 trabajadores, de un total de 11.000, han denunciado a Antonio Ledezma por despidos injustificados y que el propio Ledezma echó del Cuerpo de Bomberos de Caracas a todos los bomberos que formaban parte del Frente Bolivariano de Bomberos en un acto de caza de brujas contra los que opinan diferente a su administración.

Al no existir una ley, ni su proyecto en la cámara legislativa, que niegue el derecho de manifestación a los contrarios al Gobierno de Venezuela, no se puede determinar que “Protestar en Venezuela será delito”. Mucho menos confirmar que “la fiscalía procesará a los ciudadanos que se manifiesten contra el Gobierno” cuando la Fiscal General de Venezuela no ha declarado nada parecido.

La vocación manipuladora de El País no termina ahí. En la misma noticia arremete de nuevo contra la Fiscal General, “Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica "ley contra delitos mediáticos" para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que "incitaran al odio" o generasen "zozobra" entre la población.”

Según declaró el diputado Carlos Escarrá, “La Ley de Delitos Mediáticos nunca existió, sólo fue una invención de los medios de comunicación privados a partir de la propuesta presentada a la Asamblea Nacional (AN) por la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.” El País intenta crear una imagen de censora de Luisa Ortega achacándole iniciativas que el propio periódico se inventa, ya que esa ley, según los propios integrantes del poder legislativo no existe.

Siguiendo la línea editorial de defender hasta a los delincuentes si están en contra del Gobierno Bolivariano de Venezuela, El País informa que “desde 2007, al menos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.”

No se sabe a qué cierre se refiere el periódico ya que el mencionado RCTV sigue emitiendo con normalidad. Los estudiantes a quienes hace referencia El País quemaron el Parque del Ávila, un parque natural protegido y dieron varias palizas a estudiantes que sí apoyan al Gobierno del presidente Chávez, entre otras acciones vandálicas.

Una vez más el periódico El País confirma su apoyo a la violencia como forma de expresión, siempre y cuando esté dirigida a un gobierno que no represente los intereses de las compañías que conforman su grupo empresarial.

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article9721#forum5851