El artículo de Isaac Rosa, “De Guantánamo a la Noria” en la edición de hoy en "Público", nos sugiere una serie de cuestiones:
1. Los presos de Guantánamo no son presos comunes, dado que no han sido imputados de ningún delito, no han tenido derecho a la defensa hasta hace apenas unos meses y sólo en algún caso determinado, e incluso ni tan siquiera han sido informados de porqué se restringía su libertad de movimientos y se les sometía a “tratos degradantes” durante años. Es más, se les ha retenido en Guántanamo porque al ser base militar ajena al territorio de EE.UU., se aprovechaba el status jurídico de extraterritorialidad de la Base para impedir la aplicación de cualquier derecho reconocido en la propia legislación nacional o internacional norteamericana.
2. No son presos de guerra con los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales, en primer lugar porque ni en Irak, ni en Afganistán ni en ningún otro sitio la “guerra contra el terrorismo” ha sido una guerra reconocida, con beligerantes “oficiales”
3. Conclusión lógica: son sencillamente, SECUESTRADOS, máxime cuando en muchos casos no fueron ni tan siquiera capturados en acción de guerra (sin guerra), sino que la mayoría fueron “comprados” por el ejército norteamericano, los servicios secretos o una subcontrata externalizada de mercenarios al servicio del Imperio, al ejército o la policía, o grupos armados irregulares de Afganistán o de Pakistán.
Por tanto, debemos preguntarnos con qué derecho, en qué condiciones el Estado y el Gobierno español van a recibir a unos SECUESTRADOS, y como dice el Ministro Moratinos “Habrá un sistema de vigilancia y observación, pero al mismo tiempo de libertad para esas personas”.
Lo que tiene que hacer el progresista señor Obama es procesar a estos señores con una acusación formal y con los derechos inherentes, si tiene pruebas de la comisión de un delito, o ponerlos inmediatamente en libertad, asumiendo los EE.UU. la responsabilidades penales, económicas… correspondientes a la detención ilegal, a los años de secuestro y las torturas realizadas.
Y lo que deberían hacer el resto de los Gobiernos es no aceptar la “custodia” de estos secuestrados, y en el caso del Estado español asumir, en caso de la probable y pertinente denuncia, un procedimiento en el marco de la Justicia Universal.
Por supuesto, no esperamos que lo hagan ni unos ni otro. De paso, nos conformaríamos con que devolviesen Guantánamo a sus legítimos dueños.
